La cascada de acciones y controversias constitucionales que se han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Carta Magna de la Ciudad de México, abrió un frente entre las autoridades federales, locales y los legisladores que redactaron la Constitución, en la que se argumentan ataques políticos y antidemocráticos.
Ayer, el consejero Jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes, dijo a EL UNIVERSAL que durante el proceso de construcción del documento advirtió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y a los diputados constituyentes de que corrían el riesgo de invadir esferas jurídicas de competencia federal; en algunos casos le hicieron caso y en otros no, por lo que decidieron acudir al máximo tribunal del país, expuso.
“Le expresé [al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera] algunas preocupaciones antes de su iniciativa, sobre algunas posibles invasiones de esferas competenciales, entiendo que algunas se pudieron haber tomado en cuenta, otras no fueron así”, manifestó el consejero jurídico.
Rechazó que la promoción de la Controversia tenga que ver con un ataque político contra la capital del país, pues la única intencionalidad es que prevalezca el orden constitucional y evitar una cascada de amparos que se resolverán a “cuentagotas”.
Destacó que la reforma política es un logro del Pacto por México, “no es cierto que haya sido un logro sólo de la Ciudad de México”.
El ex presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, reviró con mayor dureza a las impugnaciones que se han presentado contra la Carta Magna, al considerar que se trata de un “federalazo” planeado deliberadamente por el gobierno.
“Lo que fue es un federalazo, no les gusta la democracia, mucho menos la democracia directa. Por ejemplo, cuestionan que les damos poder a los ciudadanos por medio de la revocación de mandato e incluso el procurador llegó al extremo de señalar que los habitantes de la Ciudad no pueden tener más derechos que los habitantes del resto del país”, comentó a EL UNIVERSAL el también senador de la República.
Dijo que los recursos legales promovidos también van en contra del propio Presidente de la República, debido a que él designó a un grupo de legis-ladores que aprobaron la Constitución de la Ciudad de México, lo que representa una contradicción.
Sobre el futuro de dichos recursos, Alejandro Encinas expuso que serán aceptados por el máximo tribunal del país, del que sólo “espero que haya un análisis objetivo, que no actúen como un tribunal de consigna”.
Acerca del tema, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, precisó que “no hay ninguna línea de orden político” en la acción de constitucionalidad que presentó; el argumento, precisó, es de orden técnico-jurídico para darle certeza a los habitantes de la Ciudad de México.
“Esto es para establecer el equilibrio entre una norma de una entidad con la Constitución Política federal; nosotros consideramos que había varios conceptos de invalidez que deben ser analizados por la Suprema Corte”, estableció el subprocurador.
Rechazó que se haya dado una concertación con la Presidencia de la República y que cada instancia actuó con base en sus facultades legales para defender la Constitución federal.