Con “disculpas” de por medio y después de nueves meses de estar en plantón en la entrada principal del Congreso del Estado, los sindicatos de los tres poderes y de los jubilados lograron ayer que los diputados aprobaran modificaciones a la Ley del Instituto de Crédito, en donde prácticamente se “echan abajo” los acuerdos aprobados el año pasado. Con ello, y una vez que se publique en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el decreto, se retirará la huelga, lo cual podría suceder el próximo martes.
Pero los legisladores también aprobaron hacer un exhorto a la directora del Instituto de Crédito, Verónica Martínez García, para que atienda de manera adecuada a los empleados, ya que de no ser así, estarían solicitando su separación del cargo en los próximos días.
Y es que desde el pasado martes los sindicalistas retomaron las reuniones de trabajo con los representantes populares locales, para resolver el conflicto que inició en 2016. Así, ayer se consiguieron los consensos y fue posible cambiar dicha ley.
De acuerdo con la líder de Trabajadores Jubilados y Pensionados, Ana Lilia Ocampo, regresarán a lo que tenían antes, es decir, que las aportaciones sean del seis por ciento y que se disminuyan al 2.75 por ciento, en tanto que el tema primordial fue el correspondiente a la integración de la Junta del Consejo, que quedó como estaba en el pasado.
Ello significa que quedará con un representante de Hacienda, con la secretaria de Administrativo, con el Legislativo, con el Judicial y con la Contraloría por parte del patrón; por parte del asalariado quedarían los sindicatos del Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de los jubilados.
Lo que sigue es transformar los lineamientos del Instituto de Crédito, aunque aceptó que la interpretación quedará para la autoridad competente.
“Nos quedamos satisfechos por la Junta de Consejo, que es la más importante, y la que coordina al Instituto de Crédito, además de que se incorporan los ayuntamientos y los organismos descentralizados, o sea, todos los que cotizan”, agregó.
Los porcentajes de aportaciones se establecerán en el 2.75, porque en la reforma antes estaba en seis por ciento, “lo que perjudicaba a los empleados”. Sin embargo, expuso que con la Junta de Consejo a su favor podrán hacer otras modificaciones más adelante.
No obstante, señaló que los amparos seguirán vigentes porque no se pueden desistir de ellos.
A su vez, el legislador Jaime Álvarez Cisneros, quien fue el promotor de esta iniciativa, reconoció que: “Me equivoqué, pero gracias a un nuevo análisis es que se pudo recomponer esta propuesta, la cual nunca tuvo como finalidad atentar contra los derechos de los agremiados”.
De la misma manera, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Moreno Merino, ofreció “disculpas” a los agraviados, a quienes les dijo que ahora podían ir a “tomar” las instalaciones del instituto, inclusive con su apoyo, para solicitar la renuncia de la directora, en caso de que esta no recomponga su actuar.
De esta manera y una vez que se aprobó el dictamen, los inconformes retiraron las mantas colocadas desde hace casi un año en la entrada del Congreso del Estado, y anunciaron que será el siguiente martes cuando se levante el plantón y se abra la puerta principal del recinto legislativo de manera oficial, siempre y cuando se publique el convenio en el periódico oficial.