Luisa Ortega Díaz asegura que las sentencias del Tribunal Supremo que retiró las competencias del Parlamento evidencian varias violaciones a la Carta Magna y desconocimiento del modelo de Estado
Desafiando la postura del presidente Nicolás Maduro, ayer la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, muy cercana al chavismo, denunció que las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo al retirar las competencias a la Asamblea Nacional (el Parlamento, de mayoría opositora) suponen una “ruptura del orden constitucional” en el país.
“En dichas sentencias se evidencian varias violaciones a la Carta Magna y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...) lo que establece una ruptura del orden constitucional”, dijo la magistrada durante la presentación de su informe anual en la sede del Ministerio Público (MP).
La funcionaria, en el cargo desde 2007 y con mandato hasta 2020. se refirió al asunto al señalar que es su “obligación” manifestar ante el país su “alta preocupación por tal evento”, donde se desmarcó de la línea oficial del chavismo, que se ha atrincherado en el silencio ante la crítica internacional y se ha limitado a emitir un comunicado en el que denuncia una “arremetida” de “la derecha intolerante y pro imperialista dirigida” por Estados Unidos para “atentar contra el Estado de Derecho” a través de “falsedades e infamias”.
ANTECEDENTE. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió el pasado miércoles asumir las competencias del Parlamento, que es controlado por la oposición, por persistir en el “desacato”, una decisión que fue recibida por los opositores como un “golpe de Estado”.
Como máxima representante del Ministerio Público, “llamamos a la reflexión para que tomemos caminos democráticos y, para que respetando la Carta Magna, propiciemos un ambiente de respetó y pluralidad”, invitó Ortega tras referirse a la Constitución venezolana, elaborada hace 18 años en un proceso constituyente, como el “contrato social” en el que participaron todos venezolanos.
La fiscal convocó a todos los actores políticos a conseguir “caminos institucionales que garanticen la paz y que supere los obstáculos que impiden actualmente la calidad de vida que reclama nuestra población”, dijo.
DESACATO. El Parlamento venezolano, controlado por la oposición al gobierno de Nicolás Maduro desde el 5 de enero de 2016, fue declarado en desacato seis días después de asumir en poder por desconocer una decisión expresa del Supremo que ordenaba no investir a tres de los 112 opositores que obtuvieron la victoria en las legislativas.
La directiva que asumió el Legislativo entonces decidió juramentar a los tres parlamentarios indígenas alegando que su investidura es un mandato popular alcanzado en las urnas, y que el máximo tribunal carece de legalidad por ser designado en una sesión “exprés” hecha por el chavismo a última hora luego de saber que había perdido la mayoría parlamentaria.