El máximo tribunal venezolano dio marcha atrás a adjudicarse las facultades del Parlamento dominado por la oposición, luego de que la medida desatara divisiones dentro del chavismo y fuertes críticas de la comunidad internacional.
Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “suprimió” partes de dos sentencias, incluido un punto que confería amplios poderes al presidente Nicolás Maduro.
“Logramos establecer los puntos que generaron el impasse entre la Fiscalía General de la República y el TSJ, y aplicando las correcciones y consideraciones respectivas. Podemos decir con satisfacción que la controversia ha sido superada”, aseguró maduro en su cuenta de Facebook.
La decisión resultó de un acuerdo entre ambas partes —el Legislativo declino asistir— convocados por Maduro para zanjar diferencias después de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunciara que los dictámenes del TSJ suponían una “ruptura del orden constitucional”.
Pero el acuerdo no convenció a la oposición. “No ha habido cambio; el golpe de Estado continúa”, dijo el presidente de la Asamblea, el opositor Julio Borges. “La sentencia es la culminación de un golpe de Estado que no se corrige tachando un párrafo”, subrayó en una marcha en Caracas y anunció que seguirán en la calle.
Asimismo, 51 ONG venezolanas, entre ellas Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, pidieron la “renuncia inmediata” de los magistrados del TSJ en un comunicado conjunto.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, negó que los dictámenes hayan “despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado”.
En un comunicado leído ante representantes del cuerpo diplomático, Moreno sostuvo además que el TSJ “reconoce la inmunidad parlamentaria como garantía de la actividad legislativa, con las limitaciones” que fija la Constitución.
El pasado martes, el TSJ ya había asestado un golpe a la Asamblea al retirar la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.
El TSJ declaró en desacato al parlamento en enero de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores acusados de fraude electoral.
Fortalecida por la presión internacional sobre el gobierno, la oposición reactivó sus manifestaciones. Un millar de personas asistieron a una sesión parlamentaria de la mayoría opositora en una plaza de Caracas, donde exigieron comicios generales.
“Elecciones generales, nada de diálogo. Ellos violaron la Constitución tratando de anular el Parlamento y ahora se echan para atrás, pero seguimos en dictadura”, dijo Eugenia Salazar, jubilada de 67 años.
Los manifestantes fueron dispersados con gas lacrimógeno cuando iban a la Defensoría del Pueblo para pedir a ese organismo unirse a la protesta, y adelantaron que más marchas.
Un grupo de 13 países debatirá mañana en la sede la OEA en Washington para declarar que los fallos del TSJ son “una violación del orden constitucional”.
CLAVES
DECISIÓN PARCIAL: EU
Estados Unidos opinó que la marcha atrás parcial del TSJ venezolano a dos de sus sentencias demuestra la “falta de separación de poderes” en Venezuela.
Washington instó a que se “restauren completamente los derechos y autoridades” a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento). Un funcionario dijo que la corte “solo ha revertido parcialmente apenas dos de sus muchas sentencias recientes que eliminaban poderes a la Asamblea Nacional”.