El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington utilizó los programas de vivienda de interés social de la entidad para lavar dinero del narcotráfico.
Durante 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de lavado de dinero a Pablo Zárate Juárez, ex director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu), encargado de apoyar a los residentes de bajos ingresos con programas de vivienda y financiamiento.
Zárate Juárez fue designado director del Itavu por el ex mandatario Tomás Yarrington y, de acuerdo con la acusación de la corte del Distrito Sur de Texas, se dedicó a lavar dinero y cometió fraude bancario en complicidad con el ex gobernador.
Por el lavado de dinero a través del Itavu, Zárate enfrentaría en EU hasta 20 años de cárcel y una posible multa de 500 mil dólares o el doble del total de los fondos de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por el fraude bancario puede enfrentar hasta 30 años de prisión y una multa de un millón de dólares.
En la acusación, EU anunció el decomiso de un avión Pilatus Aircraft 2005, con matrícula N679PE, que pertenece a Tomás Yarrington.
Según la investigación, el ex gobernador adquirió la aeronave mediante prestanombres que formaban parte de la red que usaba para lavar el dinero que recibía como soborno de los cárteles de Los Zetas y El Golfo.
Entre 2012 y 2013, los distritos Sur y Oeste de Texas acusaron a Yarrington Ruvalcaba y a Fernando Alejandro Cano Martínez, empresario dedicado a la construcción, por conspirar para cometer actos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude bancario.
A Yarrington, quien fungió como gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, también se le acusó porque supuestamente desde 1998 recibía sobornos del Cártel del Golfo para permitirle operar sus empresas en la entidad y el libre paso de droga a EU.
Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, Cano Martínez realizaba el lavado de dinero a través de las empresas Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S. A. de C. V.; Valeros e Industriales del Norte, S. A. de C. V., y Gifer, S. A. de C. V. Además de que supuestamente pagó sobornos a Yarrington para que sus empresas obtuvieran contratos de obra pública en la entidad.
Yarrington, a su vez, utilizaba las empresas para obtener diversos bienes raíces, puesto que en la última etapa de su administración desvió fondos públicos que supuestamente usó para comprar un avión Sabreliner 60, en enero de 2005.
Aproximadamente 300 mil dólares de esa compra fueron transferidos a una cuenta bancaria en EU y otra parte de los recursos desviados, 5 millones de pesos, fueron depositados directamente a Cano.
Ambos adquirieron bienes en EU a través de las empresas que constituyeron desde 2005. Estos bienes incluyen cuentas bancarias, casas, aviones, vehículos y bienes raíces en Bexar, Cameron, y los condados de Hidalgo y Hays; mismos que fueron adquiridos mediante préstamos supuestamente fraudulentos de bancos de Texas.
EU tiene identificadas diversas empresas utilizadas como testaferros en la red de lavado de dinero de Yarrington, mismas que solicitaban préstamos millonarios a los bancos de Texas, en los que Fernando Alejandro Cano Martínez figuraba como aval.
Las transferencias por las que Texas acusa tanto al empresario como a Yarrington suman más de 7 millones de dólares. El gobierno de EU decomisó también un predio de más de 18 hectáreas en el condado de Bexar; un condominio en South Padre Island, con un valor de 450 mil dólares; el avión Pilatus 2005, y diferentes residencias en los condados de Hidalgo y Hays.
Financiado por el narco. La campaña a la gubernatura de Tamaulipas de Tomás Yarrington fue financiada por el Cártel del Golfo y Los Zetas, grupos criminales que originaron la escalada de violencia en la entidad debido a las rupturas entre ellos.
Fuentes del gabinete de seguridad informaron que el ex gobernador recibía dinero de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo; Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, El Z-40 y El Z-42, líderes de Los Zetas.
Según autoridades de EU, uno de los principales enlaces de Yarrington con dichas organizaciones era el empresario Antonio Peña Argüelles, colaborador del ex mandatario.
En las operaciones de financiamiento electoral por parte de los cárteles también participó Fernando Alejandro Cano Martínez quien, de acuerdo con la acusación del Distrito Sur de Texas, junto con otra persona de nombre Adrián García constituyeron la empresa Premier International Holdings en 2005, usada para destinar recursos a la campaña de Yarrington.
El documento, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, refiere que Cano Martínez y otros prestanombres abrieron 10 cuentas bancarias en 2007, en México, y para 2009 los activos se incrementaron considerablemente. Se cree que son producto de los pagos de sobornos del cártel a Yarrington, y luego fueron transferidos a instituciones financieras en EU.