Los mexicanos consideran que el gobierno es “altamente corrupto”; sin embargo, aceptan pagar sobornos, evaden impuestos y son el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que con mayor frecuencia evita pagar el servicio de transporte público, destacó ese organismo en su más reciente estudio: Revisión de la integridad en México. Tomando una postura más fuerte contra la corrupción.
“En comparación con el promedio de la OCDE, el porcentaje de ciudadanos que aceptó haber pagado un impuesto es significativamente más alto”.
Compara los niveles de México con el promedio de países de la OCDE en cuanto al pago de sobornos de sus ciudadanos en el último año; mientras 10% de los ciudadanos de otros países de la OCDE sobornaron a un policía, 60% de los mexicanos lo hicieron.
En cuanto al sistema judicial de su país, 10% de los ciudadanos de miembros de la OCDE entregaron mordidas, contra 55% de los mexicanos. En el tema de servicios públicos el promedio internacional fue de 10% y el de México de 30%. Para obtener permisos, 25% de los mexicanos entregaron dinero, contra de 10% de otrs naciones.
En cuanto al pago de impuestos, el estudio de la OCDE señala que la evasión fiscal redujo entre 20% y 38% de los ingresos del gobierno mexicano.
Otro de los comportamientos usuales del mexicano que genera preocupación en la OCDE es una práctica que el organismo nombró como freeriding o “viaje libre”, que consiste en evitar pagar las tarifas del transporte público.
“Entre los encuestados, de todos los países de la OCDE los ciudadanos mexicanos fueron los que se mostraron más a favor de evitar pagar la tarifa en el transporte público”.
Las naciones que más pagan el transporte público son Holanda, España, Japón, Australia y Corea del Sur; los que menos lo hacen son México, Suecia, Chile, Turquía y Estonia.
“Existe una fuerte percepción de que los ciudadanos en México son apáticos hacia la corrupción”, señala el texto.
El reporte, lanzado el 30 de marzo, señala que los ciudadanos mexicanos han rechazado “rotundamente” a un sistema político y de gobierno que perciben como “altamente corrupto” y que limita sus posibilidades para tener una mejor vida.
“Efectivamente, los últimos escándalos y acusaciones contra políticos preeminentes han sido el llamado para un cambio mayor. En una encuesta de 2015, 70% de los ciudadanos mexicanos dijeron que creían que la corrupción estaba ampliamente diseminada en el gobierno”, se destaca.
Para los mexicanos, los problemas más graves que enfrenta el país son la inseguridad, el crimen, la violencia y el desempleo, en ese orden. Para el organismo internacional es preocupante que el comportamiento de la sociedad mexicana en la vida cotidiana eche atrás los esfuerzos y avances que representa la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Revertir una cultura que acepta la corrupción y la falta de integridad es necesario para la implementación de las reformas anticorrupción. Mientras las normas sociales que prevalezcan sean aquellas que toleran la corrupción, las reformas gubernamentales no tendrán éxito.
“El ímpetu de avance detrás del lanzamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, busca fortalecer la resiliencia de las instituciones y servidores públicos contra la corrupción.
“Sin embargo, cuando la corrupción ocurre entre ciudadanos y empresas, y cuando la sociedad muestra un alto nivel de tolerancia hacia la corrupción, el impacto de estas leyes y políticas públicas bien diseñadas pudiera ser limitado”, explica.