Javier Duarte utilizó al menos cuatro secretarías del gobierno de Veracruz para desviar recursos del erario a las empresas “fachada” que crearon sus prestanombres durante su gestión, identificó la Procuraduría General de la República (PGR) en sus investigaciones.
En la acusación contra el ex goberbador priista, asentada en la causa penal 97/2016, consta que se trata de las secretarías de Salud, Educación, Seguridad Pública, así como de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Tan solo durante 2015 las empresas Diseñadores Arquitectónicos Melvan SA de CV, Diseños Arquitectónico Alin SRL y Medical Hervis H2O SA de CV “fueron contactadas por el gobierno de Veracruz para transferirles recursos provenientes de la Secretaría de Educación hasta por la cantidad de 350 millones de pesos”, según la declaración ministerial de Alfonso Ortega López, señalado por la PGR como cómplice de Duarte.
Ese dinero fue destinado “en gran parte para fondear” a dichas compañías; otra parte de los recursos fue entregado a las firmas Terra Urbanizaciones Desarrollos Inmobiliarios SA de CV y Consorcio Brades SA de CV, todas señaladas por las autoridades como empresas fantasma, propiedad de los prestanombres del ex gobernador de Veracruz.
En la indagatoria también consta la declaración de Arturo Bermúdez Zurita, realizada el pasado 13 de diciembre ante el Ministerio Público de la Federación, en la que el entonces secretario de Seguridad Pública detalló el modus operandi para concretar las operaciones ilícitas:
“Aproximadamente a mediados de 2014 recibió una llamada telefónica de Antonio Tarek Abdalá, quien fungía como Tesorero en la Secretaría de Finanzas del estado.
“Durante la llamada, Tarek le dijo que por instrucciones del gobernador, a partir de esa fecha, todos los programas y recursos federales en materia de seguridad que llegaran al estado ya no los iba a recibir la Secretaría de Finanzas, sino que tenían que ser recibidos por la de Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente regresarlos a la Tesorería del estado y algunas cantidades, que iba a ordenar (Duarte), se tendrían que pagar a diversos proveedores, añadiendo que dicho sistema lo estaba siguiendo la Secretaría de Salud, Educación y Agropecuario, Rural y de Pesca”, detalló.
De acuerdo con el expediente, mismo que se le fue leído a Duarte la semana pasada en un Tribunal en Guatemala, Bermúdez Zurita se negó a realizar esta instrucción; “sin embargo, Tarek Abdalá le reiteró que se trataba de una instrucción directa del gobernador”.
Los involucrados
Durante la administración de Duarte, Pablo Anaya Rivera (2010-2013), Juan Antonio Nemi (2013-2014) y Fernando Benítez Obeso (2014-2016) fueron titulares de la Secretaría de Salud; mientras, Adolfo Mota Hernández (2010-2015), Flavino Ríos (2015) y Xóchitl Adela Osorio (2015-2016) estuvieron al frente de Educación
De igual forma, José Tomás Carrillo Sánchez (2010), Manuel Emilio Martínez de Leo (2010-2015) y Ramón Ferrari Pardiño (2015-2016) estuvieron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca; en tanto, el general Sergio López Esquer (2010-2011) y Arturo Bermúdez Zurita (2011-2016) fueron titulares de Seguridad Pública.
Además de estas secretarías identificadas por la PGR, ex secretarios de otras dependencias durante la gestión de Duarte han sido detenidos y acusados de los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o peculado, por parte del actual gobierno estatal del panista Miguel Ángel Yunes.
Se trata de los ya identificados por autoridades federales Flavino Ríos y Arturo Bermúdez Zurita, quienes fueron detenidos e ingresados al penal estatal de Pacho Viejo; sin embargo, éste último sigue su proceso penal en prisión domiciliaria por padecimientos del corazón.
Además de Francisco Valencia García, ex secretario de Infraestructura y Obras Públicas y ex director de la Comisión Estatal del Agua, así como de Mauricio Martín Audirac, ex secretario de Finanzas y Planeación, quienes fueron detenidos e ingresados a prisión.