El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que presentará una controversia constitucional contra las reformas electorales aprobadas la semana pasada por el Congreso del Estado.
Advirtieron que el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor será quien tome cartas en el asunto sobre la posible expulsión del diputado Francisco Moreno Merino, pero mientras tanto “los cuatro legisladores de esta bancada nos deslindamos de él”.
En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por los diputados Mario Chávez Ortega y Aristeo Rodríguez Barrera, luego de que la legisladora Leticia Beltrán Caballero se habría disculpado por estar en un evento, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alberto Martínez, lamentó que con “insólita prontitud” el Poder Ejecutivo haya publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad esta reforma, cuando hay otras leyes que llevan meses en espera.
Reconoció que la reforma es a todas luces del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sus aliados, para imponer cláusulas políticas, cuya aplicación les favorecerá en el próximo proceso electoral, pero que van contra los intereses populares.
“La reforma electoral fue aprobada por la mayoría perredista y sus aliados, respaldados por el Ejecutivo, práctica que se ejerce permanentemente al interior del Congreso del Estado. Hoy, al margen de los resultados en las urnas, antidemocráticamente el partido del sol azteca cuenta con más diputados dispuestos a convertir un Poder Legislativo autónomo en un subordinado del Ejecutivo”, expresó.
En consecuencia, calificaron la reforma como retrógrada, al ir claramente contra los avances en materia electoral y del derecho ciudadano a opinar en los temas de políticas públicas y conducción del estado que le afecten; además de que también elimina la revocación del mandato de los gobernantes ineficientes y corruptos.
Mario Chávez Ortega, Alberto Martínez y Aristeo Rodríguez Barrera aseguraron que la reforma electoral favorece a los perredistas. Foto: HAIDEE GALICIA
Por lo que se refiere al diputado Francisco Moreno Merino, dijo que iniciarán los procesos necesarios, marcados en sus estatutos, para sancionar su conducta, al tiempo de advertir que se deslindan de las decisiones que en el presente o en el futuro tome a título personal.
Anunció que deberá ser el Comité Directivo Estatal el que atienda y resuelva lo conducente en este caso, el cual también se tendrá que asumir con el Comité Nacional.
En tanto, se dijo que una vez publicadas las reformas, se cuenta con 30 días para actuar en consecuencia en el tema de las impugnaciones.
Finalmente, el coordinador del PRI reconoció que ha habido presiones del PRD tras aprobar esta reforma, puesto que los trabajadores no han cobrado la quincena pasada y están en zozobra en ésta, lo cual significa una especie de presión para los 60 empleados asignados a esta área.