-Nunca informó a coordinadores sobre los millones que pidió por adelantado: Alberto Martínez
-Información de Lucía Meza desmiente que esta legislatura haya iniciado con dificultades presupuestales
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Alberto Martínez González, dijo que Francisco Moreno Merino cuando era el presidente de la Mesa Directiva, nunca informó a ningún coordinador parlamentario, que solicitaría un anticipo por 63 mdp del presupuesto asignado al Poder Legislativo.
Hasta ahora, se desconoce para qué fue usado el dinero, que representa más o menos dos meses de ministración de la Cámara de diputados.
La revelación sobre el anticipo de recursos fue realizada hace unos días por la secretaria de Finanzas del Congreso, Martha Patricia Bandera Flores, quien estuvo directamente bajo las órdenes de Francisco Moreno Merino, mientras ocupó la presidencia de la Mesa, del 1 de septiembre de 2015 al 12 de octubre de 2016.
Al cuestionarle al coordinador de la bancada priísta, si Moreno Merino informó en su momento a los coordinadores parlamentarios de los grupos y fracciones, que solicitaría un anticipo de 63 mdp del presupuesto asignado al Poder Legislativo, su respuesta fue un rotundo "no".
Además, el diputado Martínez reveló que al inicio de la LIII legislatura, Francisco Moreno Merino aseguró al resto de los legisladores, que la Cámara presentaba un déficit financiero por 30 mdp, sin ofrecer más detalles.
Sin embargo, "su versión" ahora se encuentra en entredicho debido a que hace unos días la expresidenta de la Mesa Directiva, la perredista Lucía Meza acreditó con un documento oficial que la LII legislatura dejó en cuentas bancarias 96 millones de pesos para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015.
"Ahora sí que estamos confundidos, ahora no entendemos lo que está ocurriendo", fue la expresión del coordinador de la bancada priísta en el Congreso.
Por ello, insistió en que el Congreso debe ser auditado de manera especial y urgente pero no por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), sino por la Auditoría Superior de la Federación.
"Necesitamos saber exactamente cuál es la situación financiera del Congreso", urgió.
A partir del pasado jueves 1 de junio, el llamado G-10 integrado por los diputados priístas Leticia Beltrán, Mario Chávez, Aristeo Rodríguez, Alberto Martínez; de Acción Nacional, Norma Alicia Popoca, Alberto Mojica y Víctor Caballero; la coordinadora de la bancada de Nueva Alianza, Edith Beltrán; Esaú Mondragón del Partido Encuentro Social; y Jesús Escamilla del Humanista, decidieron en una acción inédita, "tomar" las oficinas del Congreso en demanda del pago salarial de sus trabajadores.
Por primera vez, denunciaron que hay casos de trabajadores que han dejado de recibir sus quincenas desde hace más de dos meses, y atribuyeron la decisión a una "revancha política" por parte del PRD, debido a que el G-10 votó en contra el dictamen de la reforma al Código Electoral del Estado, que fue aprobada con apenas los 20 votos necesarios.
Hasta ahora el reclamo por el pago de sueldos a más de 150 trabajadores del G-10 se encuentra entrampado, y paralizadas las actividades en el Congreso local.