“A favor del dictamen”. Los siete senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaron en favor de la reforma energética, en diciembre de 2013. Ninguno de ellos se opuso, a pesar de los posibles impactos ambientales y sociales, “resultado de la generación y el uso de energía”, señalados por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental (Cemda).
En marzo del 2017, el tema siguiente fue: los bosques, a través de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible alertó sobre posibles retrocesos en materia de derechos humanos, participación y transparencia.
Luego vino una de las iniciativas más polémicas de los últimos tiempos, la Ley General de la Biodiversidad, presentada por la senadora del PVEM, Ninfa Salinas. Organizaciones ambientales como Greenpeace advirtieron el posible despojo de recursos naturales.
Las anteriores son algunas de las acciones legislativas que, según diversas organizaciones ambientalistas, pueden considerarse como “antiverdes” y que han sido impulsadas por los pevemistas durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
El partido que habla como perico
Organizaciones no gubernamentales consultadas acusan que esas iniciativas del PVEM responden a intereses distantes de la agenda ambiental. En contraste, y de acuerdo con documentos obtenidos vía Transparencia por EL UNIVERSAL, el partido ha erogado 228 millones 787 mil 666 pesos en el periodo que va de 2011 a 2017.
Entre estos se cuentan gastos en publicidad, vehículos, ropa, despensa, comidas en restaurantes, viáticos, consultorías políticas, servicios jurídicos, seguridad privada y salones para eventos. El más alto es por telefonía celular, con 73 millones 584 mil 800 pesos.
“El PVEM ha impulsado legislación altamente controvertida. Ha obedecido más a fuerzas o intereses meramente políticos que quedan a la deriva del interés ambiental. Se quedan cortas las iniciativas. Tiene esta visión de tener curules, de tener una bancada que no tiene una trayectoria ambiental. Es lamentable porque sería útil para México tener una representación en política ambiental”, señala el director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani.
Por su parte, el presidente del Colegio de Biólogos, Raúl Arriaga, advierte que “hablan de residuos, vida silvestre y de muchas cosas, pero no tienen científicos. Los líderes y personajes que ahí se han desarrollado son ajenos al tema ambiental, entonces sus iniciativas en verdad responden a otros intereses”.
Al cierre de esta edición ni el representante parlamentario del PVEM, Jesús Sesma Suárez, ni el coordinador del partido en el Senado y vocero nacional, Carlos Alberto Puente Salas, respondieron a la solicitud de entrevista.
Desde playeras hasta gorras y camisas
“Fortalecer el derecho constitucional de todos los mexicanos a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, señala el documento del PVEM de la 63 Legislatura. Sin embargo, el partido fundado por Jorge González, padre del llamado Niño Verde, genera altos costos y está alejado de la procuración ambiental.
Los documentos en poder de EL UNIVERSAL revelan que entre 2011 y lo que va de 2017 han gastado, por ejemplo, más de 13 mdp por los conceptos de viáticos, comidas en restaurantes y despensa de oficina (refrescos, café, galletas, agua, té y panadería). Únicamente lo erogado por viáticos y comidas suma más de 11 mdp.
En ese mismo periodo también ejercieron más de 18 millones de pesos para la compra de ropa. Aunque la mayoría de los gastos no están especificados, incluyen la compra de playeras, gorras, blusas y camisas de manga larga, así como chalecos de doble vista. Del total ejercido, en más de 13 millones de pesos no se aclara cuál fue la compra, sólo se muestran las cantidades.
Otros gastos llamativos son los referentes a vehículos: compra y renta de automóviles, reparaciones mecánicas, gasolina y seguros automotrices. Los oficios obtenidos muestran un gasto de 13 mdp, incluida la compra de una camioneta Ford Ranger, con un valor superior a 500 mil pesos, así como un modelo Jetta, camionetas Chevrolet Silverado, Toyota Hilux, Ford Explorer, Mazda, y una motocicleta de 40 mil pesos de la que no hay más información.
El PVEM también ha gastado cantidades considerables en lo que se refiere a equipo tecnológico, como computadoras de escritorio, laptops, celulares y tabletas, además de televisión por cable y telefonía. Datos del propio partido indican que fueron ejercidos 75.3 mdp en telefonía. Esta cifra supera inclusive a la publicidad, rubro en el que acumularon facturas por 71.3 millones de pesos desde 2011. En lo que concierne a la contratación de servicios externos, como bufetes jurídicos, seguridad privada, salones de eventos y consultorías políticas, el partido sumó casi 34 millones de pesos.
En el caso de consultorías, fueron invertidos 24.4 millones de pesos, los cuales, de acuerdo con especialistas, no han generado el impacto que deberían en un ente político que dice velar por las causas ecológicas.
Ley de biodiversidad: acusan despojo
Entre todas las iniciativas del PVEM la que ha causado más revuelo entre las organizaciones ambientales fue la ley general de la biodiversidad, presentada el 24 de octubre de 2016. Fue suscrita por la senadora Ninfa Salinas Sada. El proyecto prevé la reforma a disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Protección al Ambiente, así como la abrogación de la Ley General de Vida Silvestre.
Tras la publicación, ambientalistas denunciaron las anomalías presentes en la misma. En un comunicado publicado en febrero de este año, Greenpeace, junto con otras organizaciones, acusan a la legisladora de presentar una iniciativa que “atenta contra la conservación de especies silvestres y áreas naturales protegidas”.
Ampugnani, de Greenpeace, relata a este diario que le sorprendió la urgencia con la que el Partido Verde quería aprobarla. “Ellos dijeron que urge porque el siguiente año habría incertidumbre política. Les urge más sacarlo por las elecciones. Quieren presentar logros para mantener una alianza con un partido que pelea elecciones. Ese no tiene que ser el objetivo primordial de un partido verde”.
El titular de Greenpeace México señala además que la iniciativa debe abrir un debate nacional que incluya a todos los sujetos que “conviven con la biodiversidad”, debido a que el marco jurídico que contiene la ley, sin la participación de los involucrados, “puede abrir la privatización de los recursos. De por sí las grandes empresas tienen bastante espacio para poder actuar y favorecer el despojo.
“El PVEM no ha apoyado iniciativas que correspondan a su objetivo, el ejemplo más grave es la [iniciativa de] ley de biodiversidad. Esa iniciativa es de alguien que no tiene idea de cuestiones ambientales, se ve que lo pidieron a un despacho ambiental”, agrega Eduardo Lino, abogado ambientalista de Gente por la Defensa de los Animales (Gepda).
Para el jurista, “hay falta de técnica legislativa en esa ley [que es] muy importante y el espíritu [de la misma], peor, porque el peligro es que tiene un enfoque muy mercantilista”. Agrega que el aprovechamiento de especies en la ley llega hasta las que son protegidas.
“Está dejando que se aprovechen las tortugas, hay tratados internacionales que las protegen, hay especies que no se pueden aprovechar porque su ciclo de reproducción es mucho más limitado”, añade Lino.
Desde la perspectiva de Raúl Arriaga, ex subsecretario de Semarnat, esta iniciativa para la ley de la biodiversidad “pretende borrar los instrumentos, dejando en estado de indefensión” y no se basa en ningún documento científico serio.
“El PVEM ha hecho mecanismo de consulta a modo, convoca a sus amigos, correligionarios que no tienen intereses verdes”, añade.
Otra de las deficiencias graves apuntadas en el estudio del Cemda, titulado Ley General de Biodiversidad: Análisis del proyecto es la debilidad en la que dejan en terreno de inspección y vigilancia a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Entre las múltiples recomendaciones del reporte Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques, publicado por la misión de México de la Unidad contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas (Unodc), es dotar de facultades a los inspectores que se encargan de procurar la justicia ambiental.
¿Un monopolio?
Los cargos públicos cuyos objetivos son trabajar políticas ambientales han sido ocupados a lo largo de esta administración por funcionarios del partido señalado. Sin embargo, los especialistas critican que ninguno de ellos está preparado en esa materia.
Por ejemplo, el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, es ingeniero industrial; la senadora Ninfa Salinas estudió mercadotecnia; el comisionado nacional de Áreas Naturales (Conanp), Alejandro del Mazo, además de ser primo del Presidente de la República, es licenciado en administración. Todos pertenecen al PVEM.
“Como se aliaron con el PRI, esa es la forma en que normalmente pagan los favores, con puestos. Pero como la gente de ese partido, sus principios realmente no son ambientalistas, ni siquiera ayudan”, dice Eduardo Lino, abogado ambientalista de Gepda, quien considera que de nada ha servido que funcionarios supuestamente ecologistas salidos del PVEM estén colocados en posiciones estratégicas en las que podrían generar un cambio de beneficio ambiental.
Arriaga explica: “En esta administración en particular, la alianza que estableció el PVEM con el PRI lo llevó a eso. En el año 2000, cuando ganó Fox, las organizaciones de la sociedad, todas en conjunto, le pidieron que no le entregara la Semarnat al PVEM. Tenemos gente a cargo de instituciones con cero conocimiento para conducir la política ambiental del país”.
Para el biólogo especializado en peritajes ambientales, la agenda en la materia parece “un elemento exclusivo del PVEM. En todos estos años no han habido aportaciones. Entonces, ahora que se ha incorporado toda esa gente es cuando más crisis hemos visto. El Partido verde es lo peor que le ha pasado a la legislación ambiental”. A pesar de las críticas, el PVEM ha erogado cientos de millones de pesos durante el periodo 2011-2017.
La relación de gastos entre 2000-2010 fue negada por el PVEM, debido a supuestas fallas técnicas: “Por caso fortuito, los archivos contables se deterioraron, quedando ilegibles debido a la filtración de agua por las torrenciales lluvias acaecidas en abril de 2016”.