Discriminación. La legislación SB4 ha generado incertidumbre, reporta la cancillería mexicana ◗ En mayo y junio las llamadas de auxilio aumentaron 678%, respecto al mismo periodo de 2016 ◗ Las autoridades texanas criminalizan el fenómeno migratorio y abren espacios a la discriminación racial
El Gobierno de México se sumó a las acciones legales contra la Ley SB4 y presentó una declaración jurada ante la Corte del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, en apoyo a la solicitud hecha por organizaciones civiles para suspender la entrada en vigor de esta normatividad discriminatoria.
La declaratoria, a realizarse a través del consulado en Texas, busca demostrar el nivel de incertidumbre generado por la SB4, especialmente acreditando el número de llamadas y peticiones de auxilio al Centro de Información y Asistencia de Mexicanos. Durante los meses de mayo y junio, las llamadas muestran un incremento de 678 por ciento en comparación con el mismo periodo anterior.
Simultáneamente se presentó un incremento de 32.4 por ciento en expedición de documentos a mexicanos, es decir, los mexicanos en Estados Unidos están tratando de protegerse lo más posible.
Diferentes trámites y peticiones también van en aumento, según indica la Cancillería mexicana, dará un contexto valioso al juez para tomar una decisión en torno a autorizar o no la entrada en vigor de la Ley.
Leyes comao la SB4, indicó la cancillería mexicana, criminalizan el fenómeno migratorio y abren espacios a actos de discriminación racial, reducen la colaboración de la comunidad migrante con las autoridades locales y fomentan un ambiente de persecución.
Como se recordará, la Ley SB4 es la respuesta del ala conservadora y antiinmigrante estadunidense al surgimiento de las ciudades santuario, aquellas que abiertamente se negaron a realizar procedimientos contra estudiantes o trabajadores por su condición migratoria.
Esta Ley permite sancionar tanto a autoridades gubernamentales como a instancias educativas por este apoyo a los migrantes, en lo que se considera una de las normatividades más duras del periodo presidencial trumpista.
Organizaciones promigrantes han buscado mostrar que se trata de una ley anticonstitucional y la batalla en juzgados apenas inicia.
La Ley SB4 la firmó el Gobernador Abbott el día 7 de mayo, el día 8, México presenta una comunicación, una declaración en donde hace referencia a las implicaciones de esta ley, que si bien es cierto, no entra en vigor de inmediato, entra en vigor el 1 de septiembre de este año, sino es que hay alguna situación legal que lo impida.
México se mostró inconforme ante este proyecto legal y desde un principio mostró su discrepancia sobre autorizar a las policías a cuestionar la condición migratoria de una persona durante un arresto.
México va a la corte. El subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana, llamó a conferencia de prensa este lunes y desde un principio se especulaba que se trataba de un anuncio importante.
Sada llegó acompañado de Alejandro Alday González, consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Es fundamental que México tenga una posición en ese sentido”, inició su relatoría Sada. Comentó que en la comunidad mexicana hay desconcierto, inquietud y temor.
Este tipo de situaciones sin duda criminalizan más el fenómeno migratorio, agregó para luego decir que es una acción que va en consonancia con las órdenes ejecutivas del presidente Trump.
Durante la conferencia se informó que representantes mexicanos se hicieron presentes en Texas, hace aproximadamente mes y medio, encabezados directamente por Luis Videgaray, “para ver el impacto que estaba teniendo en nuestra comunidad, los 11 Consulados que tenemos en Texas, hicieron su planteamiento de cómo veían la situación en torno a la ley, de tal suerte, que si bien somos respetuosos de las leyes de los Estados Unidos, también es cierto que cuidamos y vigilamos mucho que las mismas autoridades no violen los procesos debidos en torno a la ubicación de las leyes”.
La declaración jurada que presentará el gobierno mexicano es una coadyuvancia, es decir, a través del cónsul general en San Antonio se buscará fortalecer la demanda que están llevando a cabo otras organizaciones.
Alejandro Alday comentó que “hay en este momento ya tres juicios en contra de la ley por parte de las ciudades de Texas, en contra de la ley que aprobó el estado de Texas, son las ciudades principales: Houston, Dallas, San Antonio, El Paso, etcétera, y todos estos juicios están integrados en una sola causa ante la Corte de Distrito del oeste de Texas”.
La declaración juramentada mexicana, agregó, brindará contexto al juez, a fin de que le permita tener elementos de utilidad para poder decidir sobre lo que ya presentaron organizaciones civiles estadunidenses.