A partir del 10 de noviembre de 2015, en la época en que se produjeron los intentos de espionaje que denunciaron periodistas, defensores de derechos humanos y activistas contra la corrupción, el manejo del software quedó en manos de Arely Gómez, a través de Christian Noé Ramírez Gutiérrez, quien fungía como jefe de la Oficina de la Procuradora, según consta en una acta administrativa de la PGR de la cual Grupo MILENIO tiene copia.
En el documento de cuatro hojas quedó asentado que Ramírez Gutiérrez, actual coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control en la Secretaría de la Función Pública (cuya titular hoy es Arely Gómez), recibió el sistema Pegasus de manos de Rafael Avilez, director general de Información de Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), quien aparece como “administrador del contrato” entre la PGR y la empresa proveedora del malware. Ramírez Gutiérrez quedó como “administrador y operador del sistema”. El Cenapi, área de inteligencia de la PGR adscrita a la AIC, tuvo a su disposición Pegasus desde marzo hasta que fue concentrado por la Oficina de la procuradora, en noviembre de 2015.
A fin de operar Pegasus, se capacitó a 25 personas durante un lapso de cinco días. El programa tenía la capacidad de espiar simultáneamente a 500 personas, se informa en el documento. En la entrega-recepción del sistema, en el apartado de “BIENES, DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN”, se lee: “Software del sistema Pegasus para 500 objetivos de manera simultánea”.
A la intervención de aparatos se le denomina así: “Sistema para la realización de actividades sustantivas”.
El proveedor fue la empresa Grupo Tech Bull SA de CV.
De acuerdo con el acta, se entregó a la Oficina de la procuradora hardware, software y documentos sobre la implementación y capacitación, garantía de un año y papelería que acreditaba la realización de los cursos de capacitación del uso del sistema para 25 personas en grupos de ocho cada uno.
Según el informe de Citizen Lab sobre activistas y periodistas, las dependencias que operaban el sistema eran la PGR, la Secretaría de la Defensa y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Los primeros mensajes de intento de espionaje los recibió la periodista Carmen Aristegui en 2014. Hasta diciembre de 2015 solo ella y su hijo recibieron mensajes intrusivos. En diciembre de 2015, un mes después de la entrega del sistema a la Oficina de la procuradora, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), recibió dos mensajes SMS. En febrero de 2016, los otros activistas y periodistas empezaron a recibir mensajes con ligas a Pegasus. Alexandra Zapata del Imco, Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro Pro; Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor; Simón Barquera, del Instituto de Salud Pública, y los periodistas Carlos Loret de Mola, Sebastián Barragán, Rafael Cabrera y Salvador Camarena, todos ellos recibieron mensajes en 2016.
La firma del contrato de adquisición de Pegasus fue el 29 de octubre de 2014 y la PGR pagó 32 millones de dólares, informó anoche Denise Maerker en su noticiero En Punto de Televisa.
