También influirá la contienda presidencial en las metas de consolidación hacendaria, señalan
El alto costo en que incurre el gobierno federal para cubrir el pago de los intereses de la creciente deuda del sector público se convirtió en un riesgo para lograr la reducción del déficit fiscal, una de las principales metas de la gestión del presidente Enrique Peña, consideraron analistas financieros.
La proximidad de las elecciones federales de 2018 (en las que se renovará la Presidencia), la posibilidad de una reducción importante en los recursos que aporta el Banco de México (BdeM) a las finanzas pública ‘‘y el alto costo del endeudamiento podrían afectar las metas de consolidación fiscal’’, consideró ayer Joan Domene, analista económico del grupo Invex.
Este lunes, La Jornada publicó que entre enero y mayo de este año, el costo de pagar intereses a los acreedores del sector público mexicano fue de 143 mil 174.1 millones de pesos, cantidad que representó un desembolso mayor en 34.5 por ciento al del periodo comparable de 2016, cuando se empleó para liquidar los intereses un presupuesto de 100 mil 995 millones de pesos, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Al cierre de mayo pasado, el saldo de la deuda del sector público federal, que incluye los pasivos contratados tanto en moneda nacional como extranjera, se situó en nueve billones 118 mil 486 millones de pesos. Esta cantidad fue superior en 7.5 por ciento a la del mismo mes de 2016, cuando fue de ocho billones 475 mil 447 millones de pesos. Entre un año y otro, se incrementó en 643 mil 447 millones de pesos, de acuerdo con los datos oficiales.
Uno de los principales objetivos de Hacienda para finales de sexenio es reducir la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto (PIB), que se disparó desde el inicio del gobierno Enrique Peña Nieto.
Al inicio de su gestión, la deuda pública representó 39 por ciento del PIB, proporción que creció a 49.5 por ciento y que, de acuerdo con el gobierno federal, deberá comenzar a disminuir.
El aumento de la relación entre deuda y PIB fue una de las razones esgrimidas por calificadoras internacionales para poner bajo observación, con perspectiva de reducirla, la calificación de las obligaciones financieras avaladas por el gobierno mexicano.
A la par del incremento del pago de intereses, el crecimiento de la deuda puede verse afectado este año por una menor transferencia de recursos por parte del BdeM al gobierno federal.
En marzo de este año, el banco central transfirió al gobierno federal 321 mil 653 millones de pesos, producto de las ganancias que obtuvo en 2016 como resultado de la depreciación del peso frente al dólar, que hizo subir el valor de la reserva internacional de divisas, que está denominada principalmente en la moneda estadunidense. Esa transferencia permitió mejorar las cuentas del gobierno y los recursos fueron empleados principalmente en la reducción de la deuda pública.
Sin embargo, este año, el peso ha tenido una menor depreciación frente al dólar, por lo que no se anticipa que el BdeM transfiera al gobierno un monto de ganancias similar al del ejercicio correspondiente a 2016.
La posibilidad de un menor remanente de operación o ganancias transferidas por el banco central al gobierno federal fue otro de los factores apuntados por el analista de Invex como uno de los que pueden provocar dificultad para que se logre reducir la razón de deuda respecto del producto interno bruto.
El viernes pasado, Hacienda publicó el reporte sobre la situación de las finanzas públicas a mayo. La dependencia destaca un superávit de 317 mil 200 millones de pesos de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) –que representan la medida más amplia y robusta del balance público–, comentó este lunes Banorte Ixe.
Sin embargo, apuntó, al analizar las cifras sin incluir los ingresos derivados del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM), los RFSP presentaron un déficit de 4 mil 400 millones de pesos, esto es, 99 mil 800 millones de pesos por arriba de lo observado en 2016, añadió.
Por su parte, el balance público tradicional presentó un superávit de 381 mil 700 millones de pesos, 309 mil millones por arriba de la cifra observada en el mismo periodo de 2016.
Adicionalmente el monto fue superior al presupuestado por 529 mil 400 millones.
Nuevamente, al analizar las cifras sin el ROBM, el superávit fue de 60 mil 100 millones de pesos, comentó.