La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó desechar “por improcedentes las acciones de inconstitucionalidad 45/2017 y 47/2017, promovidas por los Partidos Políticos Encuentro Social (PES) y Acción Nacional(PAN)”.
Al mismo tiempo, aquellos acumulados con números 40/2017, 42/2017 y 43/2017, iniciados por los diputados integrantes de la quincuagésima tercera Legislatura del Congreso del estado de Morelos y partidos políticos nacionales Nueva Alianza y Morena.
La decisión del máximo tribunal apareció ayer en estrados, aunque apenas al inicio de esta semana, la dirigencia estatal del PAN celebrara la aceptación para analizar el tema de la queja.
Cabe señalar que eran ocho planteamientos que el PAN reclamaba contra la reforma, como el hecho de que se entregara un mayor presupuesto a los partidos políticos, específicamente en el apartado de representación política ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), cuya cifra alcanzaría hasta un seis por ciento más.
Otro de los reclamos eran los criterios aplicables para que las organizaciones partidistas pudieran tener acceso al financiamiento público, por arriba de tres por ciento.
Asimismo, que la reforma pretendía coartar el derecho a la libertad de expresión, para lo cual prohibía las expresiones verbales o escritas de los partidos políticos contra alguna autoridad, además de dejar abierta a interpretaciones las convocatorias a las sesiones del Impepac.
El partido blanquiazul también cuestionaba que el consejo estatal del Impepac se integre en comisiones ejecutivas con atribuciones extralimitadas, entre otras.
Por su parte, el PES reclamaba un solo apartado de la reforma que, en su opinión, tenía un mensaje contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, al considerar que fue arbitrario aumentar el número de años de residencia, de cinco a 12, para poder aspirar a la candidatura al gobierno estatal.
En ese sentido, Encuentro Social también se inconformó ante la redistritación de 18 a 12 distritos, lo cual reduce el número de diputados de 30 a 20, además del aumento, de tres a cinco, en el porcentaje de la votación necesaria para la asignación de diputados plurinominales.