El acuerdo mediante el cual se aprobó exhortar al comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, para que terminen de instalarse las mil 200 cámaras de video vigilancia en el estado, generó una amplia discusión entre los legisladores que, por un lado se sintieron ofendidos por la forma en que el diputado Jesús Escamilla hizo la presentación de esta solicitud y, por la otra, reconocieron la necesidad de que la inseguridad es un tema al que se le debe brindar mayor atención.
En tribuna, el diputado del Partido Humanista Jesús Escamilla, en su tradicional tono coloquial, explicó que desde hace dos años se planificó instalar en el estado mil 200 cámaras para ayudar al C5 en la prevención del delito; sin embargo, a la fecha sólo se han instalado 400 cámaras, 300 están en proceso y hay 500 faltantes.
Este exhorto tiene que ver con el problema tan grande de inseguridad en el estado; “el Gobierno estatal no ha querido reconocerlo, porque dice que no pasa nada”, declaró.
Expuso que para ello se invirtieron mil 200 millones de pesos, de los que no se sabe nada.
Fue entonces que el diputado Escamilla arremetió contra sus compañeros, al indicar que les deberían decir “alcahuetes”, porque no quieren citar a los funcionarios a comparecer. “Son unos bandidos y se los digo a pesar de que Moreno Merino me esté manoteando, porque no le gusta mi manera de hablar”, expresó.
Ante los adjetivos utilizados, la secretaria de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa, llamó la atención al legislador y hasta tuvo que amonestarlo, después de leerle lo que decía el Código de Ética Parlamentaria.
Ello generó que, de inmediato, los agremiados al G10 subieran a tribuna, para brindar su apoyo a Jesús Escamilla, defender su manera de hablar y, sobre todo, reconocer que los problemas de inseguridad son patentes y no se pueden ocultar.
La legisladora Leticia Beltrán mencionó que “los morelenses ya estamos hartos de que digan que no pasa nada”, y que si el gobierno no lo cree, pues entonces que salgan y le pregunten a los ciudadanos.
El diputado Aristeo Rodríguez aseguró que no se debe criticar la manera de hablar de las personas. Asimismo, declaró: “la violencia llegó hasta mí. Hace cinco años fui secuestrado, tuve que pagar tres millones de pesos en un bote de basura para ser liberado; con todo y eso balancearon mi casa y no había cámaras de vigilancia”.
En contraparte, el diputado Francisco Moreno Merino, en un tono de cordura y tratando de conciliar, dijo que es fácil descalificar, por lo que pidió a Jesús Escamilla terminar con la violencia verbal que ha empezado a aplicar en el recinto legislativo.
Fue directo al aclararle al diputado: “puedo no estar de acuerdo con usted, pero jamás le faltaré al respeto”, al tiempo de convocarlo a dialogar y llegar a acuerdos para trabajar de manera conjunta en los temas de inseguridad y violencia.
Hortencia Figueroa se pronunció a favor de pedirle cuentas al comisionado de Seguridad para conocer por qué no se han terminado de instalar esas cámaras, pues no sólo se trata de un problema que compete a un diputado, sino a todos en general.
En medio de este enfrascamiento de dimes y diretes, con 14 votos a favor, se aprobó este acuerdo para pedir al titular de la Secretaría de Seguridad Pública los motivos por los cuales no ha concluido la instalación de las cámaras.