La insuficiencia de recursos para el pago de pensiones es un problema general de estados, municipios y universidades públicas de todo el país, que se convierte en una catástrofe
. Tan es así que al menos siete entidades tienen que recurrir a dinero de su presupuesto para pagar a los jubilados, reveló Roxana Muñoz, especialista en la materia de la agencia de calificación Moody’s.
Es preocupante
, afirmó, que Baja California, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Chiapas, Sinaloa y Tlaxcala utilicen recursos presupuestales para el pago de pensiones. Hay casos, añadió en entrevista con La Jornada, en que el déficit por este concepto equivale a 330 por ciento de los ingresos totales de, por ejemplo, el estado de México en un año.
Agregó que también se observa que el déficit de los fondos de pensiones es equivalente a 300 por ciento en Baja California, 270 por ciento en San Luis Potosí, 250 por ciento en Tabasco y 200 por ciento en Sinaloa.
–¿Hay riesgo de que eventualmente se presente una suspensión de pagos a pensionados?
–Es el riesgo que se corre cuando no se tiene un sistema de pensiones fondeado o no se tenga dinero para el pago de éstas.
La Jornada buscó una entrevista con el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, Óscar Vela, pero se negó a hablar sobre el problema que según Roxana Muñoz está a unos años de volverse crítico.
Otra presión que enfrentan las finanzas estatales, añadió la especialista de Moody’s, son las pensiones no fondeadas de las universidades públicas, cuyos pasivos representan entre 0.5 y 536 por ciento de los ingresos totales de las casas de estudio.
Casi 65 por ciento de las universidades públicas registran déficits actuariales que son sostenibles sólo durante los próximos cinco años, antes de que los activos de sus fondos de pensiones se terminen. Dado que sus ingresos propios son limitados, hay un riesgo de que cualquier esfuerzo para cubrir los faltantes de sus fondos de pensiones requiera transferencias estatales
, advirtió la especialista.
Los casos más graves, según las investigaciones de Roxana Muñoz, son: la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuyos pasivos de pensiones se elevan a alrededor de 530 por ciento de sus ingresos totales en un año; las autónomas del Estado de Morelos y de Campeche, las cuales enfrentan una escala de pasivos pensionarios en torno a 330 por ciento de sus ingresos totales.
Les sigue las universidades de Guanajuato y Autónoma de Nayarit, con alrededor de 300 por ciento cada una; la Autónoma de Yucatán presenta pasivos de casi 270 por ciento; la de Querétaro, con 250 por ciento aproximadamente y la Autónoma de Puebla, con 200 por ciento, entre otras.
Vemos que los estados enfrentan presiones por diversos lados. De entrada, los que tienen su propio sistema estatal la mayoría son deficitarios, es decir, que en algunos años van a tener que pagar de su presupuesto directo las pensiones porque no están fondeados. Además tienen la tensión de las universidades cuyos esquemas no están fondeados
, comentó Roxana Muñoz.
–¿Es una catástrofe?
–Si, más o menos. Si bien está este déficit actuarial enorme, algunos todavía tienen fondos de los que pueden sacar el pago de pensiones. Sin embargo, ya tenemos identificados a siete estados donde los fondos ya no tienen dinero y están haciendo los pagos directos de su presupuesto. Esto es lo que más nos preocuparía, que son estados que ya están viendo la presión de pensiones, aumentan de manera exponencial, y que de no hacer alguna reforma se ponen en riesgo las finanzas públicas.
Hacer reformas, la opción
–¿Es alarmante, preocupante o manejable?
–Es preocupante para estos siete estados donde las pensiones ya salen del presupuesto, porque esto indica que la presión ya está. Para las otras entidades se podría decir que a lo mejor es menos alarmante porque todavía tienen la opción de hacer reformas porque la presión no la tienen inmediata. Por ejemplo, en el estado de México, ellos hicieron una reforma que empezó en 2015. Si en 2014 hubiéramos tenido esta entrevista te habría dicho que el pasivo no era de 330 por ciento de sus ingresos anuales, sino de 500 por ciento y lograron reducirlo.
–¿Son necesarios cambios como los sugeridos por la Consar? (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro).
–Hemos visto este tipo de reformas en algunos sistemas de pensiones estatales, por ejemplo Chihuahua, estado de México y Querétaro –es el más reciente–, donde se amplió la edad de retiro, se estableció un tope para los pensiones, aumentaron las contribuciones. Hemos visto que le da un poco más viabilidad a los esquemas, porque la gente no se retira tan rápido y sigue aportando, y el que aumenten las contribuciones sube el flujo a los fondos de retiro, lo cual es positivo desde el punto de vista crediticio.