La PGR presenta 82 datos que el juez consideró suficientes. El exgobernador enfrenta delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. MP tiene seis meses para presentar pruebas
Tras un debate de más de diez horas entre la defensa y la PGR sobre la formulación de imputación y los datos de prueba presentados, el juez de Control, Gerardo Moreno, determinó vincular a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Lo anterior por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez dictó que el Ministerio Público tiene seis meses para presentar todas las pruebas de los delitos que se le imputan a Duarte de Ochoa y continuar la investigación complementaria. La defensa tiene el mismo lapso para allegarse de elementos que demuestren la inocencia del exgobernador.
El expriista se quedó por problemas de salud en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde seguirá todo el proceso penal.
En la segunda parte de la audiencia inicial, celebrada ayer en los juzgados del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, los fiscales de la Procuraduría General de la República despertaron y presentaron 82 datos de prueba en los que sostiene que Duarte de Ochoa habría desviado un total de mil 670 millones de pesos de las arcas de Veracruz.
Esto, a través de las secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Económico Portuario, dependencias que presuntamente trasladaron los recursos a diversas empresas fantasma.
“Es un asunto de extrema complejidad. El Ministerio Público reunió los elementos y los datos de prueba son amplios y bastante para procesarlo”, consideró el juzgador.
Rechazó que los hechos presentados por el Ministerio Público el sábado hayan sido distintos a los que ofreció en la audiencia del pasado lunes, como acusó la defensa, que insistió en que no había una imputación clara contra su defendido.
Dijo que el grupo de Duarte de Ochoa, del que destaca Moisés Manzur Cysneros, tiene una función y jerarquía encabezada por el exmandatario, similar a la operación de la delincuencia organizada.
El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira, salió al quite de los fiscales designados para el caso y expuso en la sala la ruta que pudo haber seguido Duarte de Ochoa para el desvío de sólo 500 millones de pesos.
Pedro Guevara, quien encabezó a los fiscales, dijo al juez que no vincular a Duarte “implicaría enviar un mensaje de que cualquier gobernador por el simple hecho de que no tenga bienes a su nombre quedará exento de la justicia”, señaló.
Frente al juzgador, admitió que el caso es complejo, “no es sencillo. Es complejo porque se llevó a cabo a través de la delincuencia organizada no en una reunión ocasional o transitoria de diez personas cuyos nombres han sido señalados. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no es menos complejo, sus reglas han variado en los últimos años...”, indicó.
Acusó a la defensa, encabezada por el litigante Marco Antonio del Toro, de tratar confundir al señalar que sus imputaciones eran vagas y aisladas.
Del Toro le respondió que las imputaciones deben tener carga de prueba de hechos y no de supuestos.
“El Ministerio Público no controvirtió que la litis del caso se formulara en la imputación. Falta razonamiento para acusar al imputado”, reviró el abogado.
Se notó una mejor preparación del Ministerio Público en la exposición de sus alegatos.
Javier Duarte de Ochoa vistió el uniforme de recluso y estuvo poco participativo a diferencia de la primera audiencia.