Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), y quien con sus investigaciones apoyó al grupo de reporteros y de representantes de derechos humanos en la denuncia del alcance de Pegasus, aseguró que la operación para adquirir por 32 millones de dólares ese programa es un “indicio fuerte” de actos de corrupción.

Consideró que es necesario que se transparente la forma en que fue adquirido ese software, además de señalar a Tomas Zerón de Lucio, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), como el principal responsable de esta operación, por lo que, dijo, es urgente investigar su participación, debido a que sigue trabajando como funcionario.

Indicó que a Zerón de Lucio, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, se le debe indagar de inmediato para conocer los pormenores de la compra del software con dinero público.

“Se tiene que investigar a Tomás Zerón de Lucio, es el firmante de ese contrato. Según información que se ha hecho pública y que también se documenta en la información publicada por El Gran Diario de México, Zerón de Lucio ha sido central en las operaciones de adquisición de tecnología para llevar a cabo el espionaje, en concreto este software”, dijo.

El director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales declaró que en el tema de la contratación del programa “no hay ninguna garantía de que esto haya dejado de suceder”.

Aseguró que no existe ningún argumento válido para mantener en secrecía el proceso de contratación.

Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), dijo a EL UNIVERSAL que la compra por más de 32 millones de dólares es una operación “completamente irregular”, que incluso podría representar un caso de corrupción, por lo que debe ser auditada.

Comentó que la compra por parte de la PGR muestra la debilidad de los procesos de adquisiciones del Estado, por lo que las licitaciones deben tener procedimientos más claros y destacó que la adquisición de este malware arroja muchas dudas.

“Esto habla de la debilidad de los procesos de adquisiciones del Estado: ¿con qué  criterios se puede hacer una licitación de más de 30 millones de dólares a una empresa que acaba de surgir? No me extrañaría que en el caso de Pegasus no sólo fuera el uso de herramientas de espionaje contra ciudadanos que no representan una amenaza a la seguridad nacional, sino también puede ser un caso de corrupción, por la evidencia que presenta una licitación poco clara y que arroja muchísimas dudas”, advirtió.

Resaltó que la operación debe ser auditada para determinar los criterios bajo los cuales se eligió a la empresa Grupo Tech Bull SA de CV para la compra de Pegasus; asimismo, dijo que Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, debe explicar los motivos de esta decisión, así como brindar más detalles sobre el proceso, puesto que él fue quien firmó el contrato.

“Tendría que haber una reacción, un mecanismo de auditoría, una explicación jurídica de por qué le asignan contratos tan grandes a empresas con domicilios fantasma sin ninguna trayectoria de compra pública. Sobre de él [Tomás Zerón] deberían ir las preguntas, cómo justifica venderle a una empresa de reciente creación con domicilio fantasma un contrato por ese monto”, expresó.

Para Alejandro Calvillo Unna, director de El Poder del Consumidor, la adquisición de este software representa un acto de profunda corrupción, por lo que debe ser investigado por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), afirmó.