Búsqueda no burocrática y reparación de daño, entre los retos en la impartición de justicia
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, declaró que en Sinaloa, 81 de cada cien mil habitantes
son víctimas de desaparición forzada.
Las desapariciones forzadas del pasado en Sinaloa están enmarcadas en la guerra sucia practicada por el Estado a mediados de la década de los 70, y las del presente son una maniobra del mismo Estado que apuesta al olvido, contra la memoria de activistas, víctimas y demás actores sociales.
En los años 70, Sinaloa se ubicaba como el tercer estado en desaparición forzada en términos absolutos (comparado con los otros estados del país), actualmente ocupa el quinto lugar en esa misma medición. Sin embargo, en proporción a su población, en esa década y la actual ocupa el segundo lugar (según cifras oficiales, hay 81 personas por cada cien mil habitantes). En este último rubro sólo lo supera Tamaulipas, dijo.
Jan Jarab participó en el conversatorio Desaparición forzada: impunidad del pasado y del presente, que se realizó en el teatro Socorro Astol, en Culiacán, organizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh), el Centro de Análisis e investigación Fundar y Artículo 19.
En el acto se destacó que la impunidad es una característica en las desapariciones en la llamada guerra sucia que fueron perpetradas por agentes del Estado, al igual que en las cometidas en la actualidad.
La búsqueda rápida y no burocrática, el fortalecimiento en las capacidades de investigación, reparación integral real del daño y la construcción de una memoria colectiva, fueron algunas propuestas que según el comisionado Jarab, se deben llevar a cabo en México para superar el reto que implica la impartición de justicia ante los casos de ausencias forzadas en el pasado y en la actualidad.
En el conversatorio participaron Martha Camacho, presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa; Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh; Juan López, director de Promoción y Vinculación del Programa de Atención a Victimas del delito, primera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además, Cristina Bautista, en representación de familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; Camilo Vicente Ovalle, historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Alán García, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos.
En apoyo a Ayotzinapa
En punto de las 9 de la mañana, Cristina Bautista llegó al teatro Socorro Astol, ubicado en el centro de la capital sinaloense, puso una mesa y encima colocó varios sombreros de palma, los vende en apoyo al movimiento de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Doña Cristi, como le dicen los cercanos, es madre de Benjamín Ascencio Bautista, desaparecido el 26 o 27 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa. Señaló con rabia y dolor que son casi tres años sin tener respuesta
.
Doña Cristi es una de las invitadas a la primera mesa del conversatorio compartiendo con Martha Alicia Camacho Loaiza.
Ambas mujeres viven la ausencia de sus seres queridos, Cristina la de su hijo y Martha la de su esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, que este 2017 cumplió 40 años desaparecido.
Martha y su esposo pertenecieron al grupo guerrillero Liga Comunista 23 de Septiembre en Culiacán, ambos fueron detenidos el 19 de agosto de 1977 por elementos de la Policía Judicial del Estado y agentes de la entonces Dirección Federal de Seguridad.