Pretenden que robo de hidrocarburos y portación ilegal de armas ameriten prisión preventiva oficiosa
Fernando Herrera manifestó que el Senado, además de revisar puntualmente el Sistema Penal Acusatorio, también debe concluir el Sistema Nacional Anticorrupción, definir las tareas del Ejército en seguridad, revisar la seguridad interior y el mando mixto, y acompañar la renegociación del TLCAN.
CIUDAD DE MÉXICO.
El Senado anunció que hará cambios al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sin tocar la Constitución, para incluir los delitos de robo de hidrocarburos y portación de armas en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, así como para esclarecer procedimientos para que no impliquen retroceso alguno o lleven en la práctica a su anulación.
“La problemática que vive el país no se debe al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pero sí estamos conscientes de hacer unos ajustes”, dijo el presidente del Senado, Pablo Escudero, en el foro que la cámara organizó sobre cambios al Sistema Penal.
Los temas de la portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y el robo de combustible son peticiones que también han hecho dependencias como la Procuraduría General de la República y la Policía Federal.
Pulirán sistema penal
Conago plantea que portación de armas, robo de combustible, extorsión, feminicidio y asalto con violencia ameriten prisión de oficio; legisladores aceptan ajustes sin tocar la Constitución
Sin lesionar de ninguna manera los principios garantistas ni tocar la Constitución, el Senado sí trabajará por el perfeccionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para incluir delitos de robo de hidrocarburos y portación de armas en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa y esclarecer procedimientos que no impliquen retroceso alguno o lleven en la práctica a su anulación.
Ayer, durante el tercer foro que el Senado organizó para discutir si es necesario hacer ajustes al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), que sólo envió representantes, dado que los gobernantes programados no llegaron, presentó su iniciativa de reforma constitucional, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Ejecución Penal.
La propuesta de los gobernadores es incluir en el catálogo de prisión preventiva oficiosa a la extorsión, el feminicidio, el robo con violencia, la portación de armas y el robo de hidrocarburos, así como dotar al Ministerio Público de facultades para impugnar resoluciones, entre diversas aristas, como el fortalecimiento pleno de la Fiscalía, tanto General como estatales, con plena autonomía.
Sin embargo, los legisladores y especialistas que se dieron cita en este foro organizado por el Senado no coincidieron con la propuesta de la Conago y se mantuvieron en el terreno de hacer ajustes, sin tocar la Constitución, en los términos de las peticiones concretas hechas desde hace semanas y ayer reiteradas por la Procuraduría General de la República, el Sistema Nacional de Seguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Policía Federal, a fin de que el robo de hidrocarburos y la portación de armas implique prisión preventiva.
Durante la realización del tercer foro de debate en torno al Sistema Penal, los coordinadores parlamentarios y los presidentes de las comisiones que tratan el tema confirmaron que van por cambios concretos, sin lesionar los principios del sistema, a partir del reconocimiento de que los ejecutores del Sistema han fallado de manera evidente, por la carencia de preparación y la falta de costumbre por investigar y limitarse a reproducir durante años el sistema de flagrancia.
Pablo Escudero, presidente del Senado, recordó que “la problemática que vive el país no se debe al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pero sí estamos conscientes de hacer unos pequeños ajustes, con el compromiso de que los operadores de justicia le entren de lleno, que entiendan que tienen que capacitarse”.
Sharon Cuenca, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, expresó que “las leyes son perfectibles y los legisladores estamos obligados a hacer eco de las demandas y necesidades, siempre con el apoyo de la sociedad civil y estoy segura que la Cámara de Diputados construye los consensos para adecuar las leyes y responder a los intereses de los mexicanos”.
Fernando Herrera, coordinador de los senadores del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, expresó que “estamos comprometidos para hacer una revisión puntual del Sistema Penal Acusatorio; ése es el tema al que fuimos convocados y que, desde luego, forma parte de la agenda de todos los grupos parlamentarios”.
Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia del senado, añadió que “hoy y siempre habrá la disposición del Poder Legislativo de generar aquellas modificaciones que sean necesarias, pero no hay que olvidar también el compromiso que deben tener las instituciones responsables de su implementación de que esto se genere de la mejor manera”.
Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, dijo que de ser necesario, se realizarán los ajustes legislativos necesarios sin tocar la Constitución, porque hacerlo significaría una contrarreforma.
César Camacho Quiroz, líder de los diputados federales del PRI, reiteró la disposición de hacer una revisión del Sistema, “sin visiones partidistas”, a fin de construir los cambios legislativos que ayuden a los operadores del sistema a aplicarlo a cabalidad.
Durante las discusiones, Álvaro Vizcaíno, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Rommel Moreno, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal de la PGR; Jorge Antonio Mirón, de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México; Jaime Gómez Sánchez, Fiscal del Estado de México; Israel Aguado Silva, subprocurador en Guanajuato; Anselmo Apodaca, responsable de los Servicios Periciales de la PGR; Roberto Andrés Ochoa, también de la PGR y el subprocurador Roberto Elías Beltrán, plantearon diversas propuestas.
En tanto, abogados penalistas y especialistas se pronunciaron por no hacer cambios al Sistema, sino ajustes que no lesionen sus principios.
Cambios
Éstos son los delitos que ya no son graves: portación de armas, robo de hidrocarburos, operación con recursos de procedencia ilícita, posesión de documentos falsos, robo sin violencia, peculado.
Actualmente, los ilícitos que sí son considerados graves y merecen prisión oficiosa son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como infracciones graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación y el libre desarrollo de la personalidad.
Se deslindan de violencia
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República desmintieron que la aplicación plena del Sistema de Justicia Penal Acusatorio haya sido el responsable del aumento de la criminalidad y la violencia en diversas partes del país, como la Ciudad de México.
Para Álvaro Vizcaíno, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la respuesta es no al cuestionamiento de algunas personas en el sentido de que el nuevo sistema de justicia es responsable del incremento o de la disminución de los delitos.
“No hay una relación directa entre incidencia delictiva y el Sistema de Justicia Penal”, expresó.
En tanto, Rommel Moreno, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal de la PGR, expresó que “no hay manera de comprobar la relación entre incidencia delictiva y el Sistema de Justicia Penal. Ésa es una perspectiva completamente politizada”.
Ayer, ambos servidores públicos participaron en el tercer foro que organiza el Senado para debatir el Sistema Penal Acusatorio y ambos coincidieron en que el mayor problema que se presenta es en los operadores del sistema y algunas herramientas ejecutivas y administrativas que no se han podido completar.
Rommel Moreno dijo que desde noviembre del 2014 hasta el 31 de julio de este año se han abierto 116 mil carpetas de investigación; 94 mil 875 son sin detenido y 21 mil 292 con detenido, lo cual significa que en el sistema acusatorio se mantiene el enfoque de los sistemas en flagrancia.
Álvaro Vizcaíno, en tanto, comentó que conforme a las cifras de incidencia delictiva “tenemos que en el mes de julio de este año, en relación con junio pasado, tenemos una reducción de los homicidios dolosos de menos 9.3 por ciento.
“Ésta no es una reducción marginal, En el mes pasado se contuvo y se redujo de manera importante el incremento que veníamos viviendo en materia de homicidios dolosos en el país. También se redujo la incidencia delictiva total en menos 6.6%”, manifestó.