El intercambio de culpas entre el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador de Morelos, el perredista Graco Ramírez Garrido, sobre las causas del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, están dificultando conocer la verdad, recriminó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.
“Alguien miente, porque son versiones diferentes y los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad de lo que sucedió”, acusó en entrevista después de inaugurar el foro Los Derechos Humanos en Materia Ambiental y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ante el intercambio de señalamientos, González Pérez anunció que en breve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dará a conocer los resultados de la investigación que lleva a cabo por su cuenta de lo ocurrido el pasado 12 de julio en el kilómetro 93.8 de la carretera México-Acapulco.
“La investigación lleva muchas diligencias, hemos hablado con muchos actores en la materia y estamos revisando los peritajes, nos hemos acercado también al Instituto de Ingeniería de la UNAM para asesorarnos en el tema pericial”, adelantó.
El ómbudsman precisó que están analizando el antes, durante y el después de los hechos que sacudieron a Ruiz Esparza. “Condenamos lo acontecido ahí, que tuvo como consecuencia dos muertes”, indicó.
Sin embargo, González Pérez reiteró el llamado a las autoridades correspondientes para que se esclarezcan las causas que originaron el socavón, que también afectó a vecinos de la zona.
El 13 de julio pasado, la CNDH inició una queja de oficio para determinar si hubo violaciones a los derechos humanos en las que podrían haber incurrido autoridades del gobierno federal y estatal de Morelos.
Para la recolección de información, el organismo envió a visitadores adjuntos al lugar de los hechos y solicitó información a las instancias gubernamentales involucradas en el caso.
El funcionario advirtió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos seguirá atenta a la evolución de los acontecimientos y demandó que se prevenga su repetición y, de ser el caso, los ilícitos que se hubiesen presentado no queden impunes.
Hace dos semanas, expertos del Colegio de Ingenieros determinaron, tras realizar un peritaje, que un error de diseño y la falta de supervisión de la obra originaron el hundimiento en el llamado Paso Exprés, que no tenía ni medio año de haber sido inaugurado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
El coordinador del grupo que hizo la investigación, Humberto Marengo, aseguró que el socavón pudo haberse evitado si las autoridades correspondientes hubieran cambiado la tubería de la alcantarilla, que presentaba fisuras.
“Luego vino una segunda deficiencia en la estructuración de los muros, y luego vino una deficiencia en la atención de la erosión del proceso”, indicó.
Se fueron por la vía judicial. Ante empresarios de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que el gobierno y él personalmente atienden a la familia de los afectados “para tratar que este tema no sea una pesadilla”.
En una reunión de trabajo en la Ciudad de México, dijo que los deudos decidieron irse por la vía judicial, a pesar de que, en su opinión, sería más rápido encontrar un acuerdo entre las partes.
Si los familiares de las víctimas del Paso Exprés hubieran optado por llegar a un acuerdo en lugar de tomar la vía judicial contra el gobierno, “la resolución sería más rápida”, consideró el funcionario.