Por la afectación de que han sido objeto por no haber recibido su salario derivado de la retención económica que hizo el gobierno de Graco Ramírez a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), los integrantes de la Asociación de Académicos Jubilados de la UAEM, demandaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos que preside Jorge Arturo Olivares Brito, para que recomponga su recomendación en torno al caso.
Luego de manifestarse en la Plaza de Armas de Cuernavaca, los jubilados universitarios que encabeza Immer Sergio Jiménez Alfonzo, insistió en la necesidad de que la CDHEM les apoye en la problemática que tienen para que libere los recursos y sean entregados a la máxima casa de estudios en virtud de que un depósito directo de recursos como propuso el gobierno estatal, lo único que provocaría sería violentar los contratos colectivos de trabajo y la autonomía universitaria.
Sin embargo, no son los únicos afectados como sucede con los trabajadores académicos, administrativos y de confianza quienes no han recibido la catorcena de la semana pasada, ya que también protestaron para exigir respeto a su derecho a recibir educación y pago de sus salarios devengados alumnos, docentes con discapacidad de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos. Por ello, interpusieron las demandas penales contra el gobierno del estado de Morelos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República Delegación Morelos, según lo informó Enrique Álvarez Alcántara, director del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la UAEM.
Entre las peticiones y exigencias destaca que el gobierno del estado de Morelos haga de una vez por todas de la entrega incondicional e irrestricta de los recursos que le corresponden legalmente a la máxima casa de estudios morelense ya que afectan a toda la comunidad universitaria entre ellos, los cerca de 300 personas con discapacidad, entre estudiantes, docentes y trabajadores.
Finalmente, dejó claro que la retención del pago de nómina de los trabajares viola tratados internacionales de protección a las personas con discapacidad establecidos en la convención de derechos humanos de las personas con discapacidad y la Asamblea Internacional de la ONU, así como la Ley General para la Inclusión al Desarrollo de las personas con discapacidad aprobada por el Congreso federal en 2011 y más cuando son alrededor de 6 mil familias quienes se han visto afectados por la economía de los sectores que viven cerca de la máxima casa de estudios.