Miembros de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CIDHEM), acusaron al Poder Ejecutivo de adjudicar las desapariciones forzadas que se han registrado en la entidad al crimen organiza, para omitir la investigación y un golpe de estado, ante el incremento de este ilícito, ya que en los últimos cinco años se han registrado más de dos mil desaparecidos en la entidad.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada, el presidente de la CIDEHM, José Martínez Cruz aseguró que en los últimos cinco años en México se han registrado alrededor de 25 mil personas desaparecidas de las cuales, en Morelos se han contabilizado más de dos mil, de los cuales la Fiscalía General del Estado reconoció que han localizado a un total de mil personas.
Por ello, consideró necesario que las autoridades en procuración de justicia puedan establecer una base de datos de personas desaparecidas, debido a que la mayoría de las desapariciones de acciones directas de funcionarios, policías o militares recurren a la omisión y permisividad por parte del Gobierno del estado, misma situación que no lo ha aceptado.
Martínez Cruz señaló que en muchos de los casos de las desapariciones forzadas, las autoridades del Gobierno del Estado atribuyen estos hechos a los diversos grupos delincuenciales para evitar investigar los hechos, así como evitar que estos asuntos se conviertan en un golpe de Estado, al momento de que en algunas ocasiones los propios delincuentes están ligados a funcionarios de alto nivel.
“Ahí está el problema, porque cuando se investiga a fondo las desapariciones, resulta que algunos de esos grupos delictivos están ligados o tienen complicidad o la anuencia de autoridades, incluso algún funcionario agradeció que desaparezcan o maten a personas, cuando evidentemente esa es una demostración de cómo las autoridades llegan a enterarse de las desapariciones y no actúan, eso es omisión, complicidad y eso está penado en Morelos”, declaró.
En ese sentido, el activista, señaló que en los próximos días promoverán ante el Congreso del Estado, diversos cambios a la Ley de la Desaparición Forzada en Morelos, aprobada en el 2015 por la anterior legislatura; con la intención de que puedan mandatar ciertos instrumentos que no se encuentran contemplados en la ley, como es el caso de los mecanismos de rendición de cuentas y control de los ciudadanos sobre el desempeño de los servidores públicos y las instituciones, así como las sanciones.