Revisión. Organismos de gobierno otorgan diversas obras y servicios a centros de estudios politécnicos y tecnológicos para que empresas privadas los realicen ◗ Hay 44 investigaciones abiertas
Los convenios firmados por universidades, politécnicos y tecnológicos del país con diversos organismos del sector público, muchos “una pantalla” para que empresas privadas pudieran realizar los contratos de obras y servicios sin licitar, pasaron de un total de mil 422 en 2013, a sólo 101 durante este año.
La Secretaría de la Función Pública ha sido la encargada de revisar y reducir los convenios (destaca también la Auditoría Superior de la Federación, cuyo trabajo detonó que muchos de estos casos se hicieran públicos). Función Pública brindó información a Crónica en el sentido de que le ha tocado aplicar las sanciones correspondientes y que ahora mismo tiene abiertas 44 investigaciones contra diversos centros de estudios y entidades gubernamentales.
Una investigación de la web Animal Político aseguró hace unas semanas que las comisiones a universidades e institutos de educación superior, entre 2013 y 2014, ascendieron a mil millones de pesos, sólo por triangular los recursos.
Sólo en 2013, por ejemplo, el monto de aquellos convenios fue de 12 mil 066 millones 167 mil 239 pesos. En 2017 es de 94 millones 648 mil 840 pesos.
De hecho, la suma de los convenios firmados de 2013 a 2016 ascendió a más de 31 mil 129 millones de pesos.
Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013, diferentes universidades, politécnicos y tecnológicos firmaron esos mil 422 convenios
La dependencia que encabeza la secretaria Arely Gómez, confirmó que, en efecto, el modo de operación es aparentemente simple, ya que consiste en que diversas áreas del servicio público firman convenios con instituciones de educación superior para la realización de diversas obras y servicios, lo cual no tiene nada de ilegal.
Sin embargo, algunos de esos convenios son trasladados por las universidades a empresas diversas que sí se dedican a las tareas por las que pagan las áreas del servicio público.
“Es decir, por ejemplo, una secretaría de Estado firma un convenio con alguna universidad para realizar servicios de limpieza, los cuales la institución de educación superior por supuesto no ejecuta; entonces, la universidad, con la sugerencia de la dependencia que pagó por el servicio, contrata a su vez a una empresa privada que sí hace aquellas tareas y por ello gana una comisión, según el monto de la transacción”, lo que sí significa una ilegalidad, señala la fuente de primer nivel de la SFP consultada por Crónica.
El funcionario de la Función Pública aclara, sin embargo, que no todos los convenios corresponden a esta situación, pero lo ideal, entonces, es ir acabando con este tipo de acuerdos y que las instituciones de enseñanza superior se dediquen a la formación de los futuros profesionistas del país y a la especialización de quienes ya lo son.
De acuerdo con información oficial de la SFP, en 2015 se firmaron 866 de estos convenios, con un monto global de 6 mil 126 millones 23 mil 851 pesos, de los cuales las universidades se quedaron casi con el 95 por ciento, al obtener contratos por 5 mil 674 millones 768 mil 609 pesos.
De igual forma, de los 660 convenios firmados en 2016, con un volumen de 3 mil 672 millones 357 mil 787 pesos, las universidades firmaron 14 contratos por un monto de 2 mil 974 millones 696 mil 659 pesos.
Del 1 de enero al 31 de agosto de este año, se firmaron 101 convenios por un volumen de 94 millones 648 mil 840 pesos, de los cuales las universidades captaron 79, que significaron 78 millones 415 mil 28 pesos; los tecnológicos, 20 convenios, por 14 millones 733 mil 812 pesos; y los politécnicos, 20 convenios, por un monto de un millón 500 mil pesos.
Hasta el momento, hay tres servidores públicos sancionados por la Secretaría de la Función Pública, concretamente de Banobras, por convenios ilegales firmados con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM); hay siete personas sujetas a procesos administrativos, incluidos los tres anteriores, y 44 carpetas de investigación abiertas en contra de diversos servidores públicos.
Independientemente de ello, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados, desde 2013 había advertido que diversas dependencias violaban la ley al contratar a las universidades e instituciones de educación superior diversas “para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que tienen que subcontratar a diferentes empresas privadas”.
Por ello, la ASF tiene presentadas 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el desvío de recursos públicos.
