Aún hay dos expedientes que siguen su curso en la Fiscalía Anticorrupción en contra del rector Alejandro Vera Jiménez, adelantó su titular, Juan Salazar Núñez; uno es relativo a la denuncia que inició el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y una más de carácter anónimo, donde incluso hicieron llegar pruebas sobre el desvío de recursos; información que ya fue corroborada y certificada, la cual en unos días más será judicializada para citar a los responsables.
Se trata de diferentes señalamientos, una es la que presentó el Ejecutivo estatal por medio de la Secretaría de Hacienda el pasado 16 de agosto, la cual refiere sobre la probable responsabilidad en el uso indebido de atribuciones y facultades, abuso de confianza y lo que resulte.
Como resultado de que en el 2014, la rectoría de la UAEM celebró ilegalmente un contrato de crédito con el Banco Interacciones por la cantidad de 600 millones de pesos, ante el cual no contó con la aprobación del Congreso del Estado, aunque “este expediente todavía está en trámite”, destacó Salazar.
Además hay otra carpeta que fue iniciada por un ciudadano, el cual incluso aportó pruebas que han sido confirmadas y certificadas; aunque por la secrecía de la información, el fiscal comentó que se reserva la acusación pero está próxima a ser judicializada.
“Estamos esperando un último informe, nos faltaban unos mínimos datos que se mencionan en la denuncia y ya se comprobaron, por eso se comenzó a radicar la carpeta de investigación; se elaboró un informe, se llevaron a cabo diligencias, la investigación, se obtuvieron datos de prueba, se agregaron los informes de diversas autoridades, y estamos solo a la espera de una información, y con eso se va a judicializar la carpeta”, informó Juan Salazar.
Asimismo, resaltó el hecho de que el juez que decidió no vincular a proceso a Alejandro Vera fue un hecho extraordinario, dado que el Código no señala ningún motivo contundente; por eso el pasado martes, la Fiscalía Anticorrupción recurrió al Consejo de la Judicatura para denunciar al juez, y, el viernes, una denuncia penal por delitos cometidos en contra de administración de justicia ante la Fiscalía General, al considerar que el impartidor de justicia se dejó influir por presiones políticas y sociales en un caso que ameritaba sanción. Por lo tanto siguen los procesos.