Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México para determinar si hubo algún tipo de delito en la caída de los 38 inmuebles que se colapsaron, y en otros 112 más que resultaron severamente dañados por el sismo del pasado 19 de septiembre, se han complicado y por el momento no pueden avanzar y concluir, ya que en las delegaciones y oficinas del gobierno no existe documentación de estas edificaciones, o la existente está incompleta.
De 150 inmuebles cuyas historias de construcción se indagan, solo en tres casos (incluidos el del colegio Enrique Rébsamen y el del Tec de Monterrey) existen documentos suficientes para determinar si hay delito que perseguir. En el resto los biblioratos de los edificios no existen o son insuficientes, de acuerdo a la investigación de MILENIO.
Para allegarse de la documentación que requiere, y que no ha sido aportada por las delegaciones, a excepción de las administraciones de Tlalpan y Cuauhtémoc, la procuraduría capitalina busca información en el Registro Público de la Propiedad, al Archivo Notarial y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. También con particulares, como empresas constructoras y dueños de edificios, departamentos y oficinas de inmuebles dañados.
Los agentes del ministerio público pretenden cruzar información obtenida en esos lugares para conseguir los planos estructurales y que, de esa manera, los peritos forenses puedan dictaminar si se violaron reglamentos y hubo actos constitutivos de diversos delitos que impliquen la responsabilidad penal de personas físicas o morales.
La PGJ tiene 174 carpetas abiertas que indagan presuntos delitos de homicidio culposo, fraude, negligencia criminal y hasta robo. Son 147 expedientes abiertos de oficio y 27 por denuncia.
En los distintos terrenos donde hubo derrumbes, peritos levantaron muestras de los escombros, que fueron llevados a laboratorios para determinar, con ayuda de ingenieros estructuristas, si se utilizaron los materiales de construcción adecuados y si se edificó adecuadamente.
Hasta el momento se han detectado varios casos en los que la calidad de las estructuras no era la adecuada, el material de construcción no era el necesario, ni la técnica era la indicada, de acuerdo con lo que se señala en el Reglamento de Construcciones.
También hay casos en que aparentemente había pisos de más. En éstos se prevé que sí haya consignaciones por presuntas responsabilidades penales, pero debido a la secrecía de las investigaciones, MILENIO no revelará de qué lugares se trata.
En dos casos es inminente que la procuraduría determine si ejerce o no acción penal. En uno de estos no se procederá penalmente.
En su edición de ayer, MILENIO publicó que el sismo magnitud 7.1, que ocurrió el 19 de septiembre, no solo colapsó 38 edificios, causó la muerte de 228 personas, dejó centenares de heridos, dañó severamente 500 inmuebles y afectó miles de casas, sino que también cimbró la historia de los edificios dañados.
El fenómeno natural dejó al descubierto que las autoridades delegacionales y del gobierno capitalino carecen de toda la información, o de los datos completos, sobre cada uno de esos inmuebles.
Cada edificación es un enigma: no es posible saber quién lo construyó, cómo lo construyó, con qué material (¿cemento o arcilla, varillas de acero o de material endeble?), si cumplió con los sucesivos reglamentos, si alguien verificó su correcta construcción. Si requirió modificaciones y éstas se hicieron adecuadamente. En muchos casos no hay ni planos arquitectónicos ni planos estructurales. Nada.
Los biblioratos de los edificios derrumbados, es decir, toda la historia y registros de las construcciones, que deberían tener las delegaciones y copia el gobierno capitalino a través de diferentes oficinas, no existen, de acuerdo con lo que indagó MILENIO. Se perdieron, nunca existieron o, en el mejor de los casos, están incompletos.
Además, MILENIO informó que, luego del terremoto, entre los escombros también quedó el acceso a la información: están sepultadas las bases de datos de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), de Obras, de Protección Civil y de las delegaciones. Estas últimas son fundamentales, puesto que son las que otorgan los permisos de edificación y vigilan el cumplimiento del reglamento de construcciones.
De las 124 instancias del gobierno de la ciudad con oficinas de transparencia, 24, entre éstas las secretarías de Gobierno, de Salud, de Desarrollo Urbano, de Trabajo, incluso el C5 y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, suspendieron temporalmente su obligación de entrega de información pública.
Como reacción a ese texto, Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), advirtió que en el proceso de reconstrucción tras los sismos de 7 y 19 de septiembre se corre el riesgo de que la información se burocratice y se generen “grumos de opacidad”, como los que ocurren en la Ciudad de México.
Explicó que debe ser el órgano local en materia de transparencia, el InfoDF, el que garantice que todos los documentos públicos y actos de autoridad se divulguen para evitar opacidad.
El comisionado señaló que todos los permisos, licencias y demás expedientes de cada uno de los edificios derrumbados es información pública y, sobre todo, de interés público, de la que no debería obstaculizarse su acceso.
“Uno de los peligros que pueden venir es la burocratización de la emergencia y que devenga en la burocratización de la reconstrucción; si la reconstrucción se vuelve burocrática y se pasma en papeleos, sobre todo en lo que pareciera un colapso informativo o grumos de silencio o de opacidad, se vuelve doblemente lesivo”, afirmó.
Acuña advirtió que ocultar información u obstaculizarla daña a la sociedad doblemente, porque además de que los ciudadanos sufren pérdidas, también tienen que enfrentarse a la opacidad.
En tanto, senadores de distintos partidos afirmaron que es evidente la corrupción que hay detrás de edificios derrumbados, por lo que exigieron al gobierno de Ciudad de México y a las delegaciones transparentar la información.
El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, dijo que las autoridades responsables deben ir a fondo de cada uno de los casos para que, en caso de ser necesario, sancione a los responsables.
“Es obvio que hay corrupción detrás de muchos de estos inmuebles que colapsaron, tanto nuevos como aquellos viejos que fueron solamente pintados, prácticamente remozados, y no fueron fortalecidos en su estructura, que sabemos que colapsaron. Ahí por supuesto que hay corrupción y se tiene que ir a fondo para determinar quién permitió que se construyeran”, expresó.
La senadora del PAN Mariana Gómez del Campo comentó que la ciudad merece que las autoridades rindan cuentas y se conozcan los detalles de los inmuebles colapsados, a fin de saber si hubo negligencia en su construcción.
Confió en que las autoridades entregarán la información correspondiente “y no será tapadera de nadie con respecto a la corrupción que sabemos hay en las diferentes delegaciones de la ciudad”.
“Necesitamos conocer toda la información. Las licencias de construcción que se dieron, los usos de suelo, si se violentaron o no, si tenían los pisos permitidos, necesitamos saber con pelos y señales qué fue lo que pasó. La ciudad merece esta transparencia, rendición de cuentas”, dijo.
CLAVES
PÉRDIDA TOTAL
El Infonavit calculó que, a escala nacional, entre 2 mil y 2 mil 500 derechohabientes perdieron totalmente su vivienda tras los sismos de septiembre.
David Penchyna, director general del organismo, informó que hasta el momento se estima un universo de 13 mil viviendas afectadas.
Recordó que se puso en marcha un decálogo de acciones para apoyar a los derechohabientes, independiente al pago de seguros otorgados.
Con información de: Liliana Padilla, Vanessa Job, Melissa del Pozo, Silvia Arellano, Carolina Rivera, Leticia Fernández, Cinthya Stettin, Jannet López, Israel Navarro, Rubén Mosso, José Antonio Belmont, Rafael López, Rafael Montes, Ilich Valdez y Angélica Mercado.