-Así lo señaló la consejera electoral de este órgano, Ixchel Mendoza Aragón
En medio de una crisis financiera inédita en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación (IMPEPAC), podría incurrir en una violación a la Constitución el titular del Poder Ejecutivo, Graco Ramírez Garrido Abreu, a pesar de las solicitudes que desde el inicio de año se le hicieron para obtener una ampliación presupuestaria de 37 millones de pesos para el proceso electoral del 2018, señaló la consejera electoral Ixchel Mendoza Aragón al reconocer que es una obligación que para el mes de noviembre tengan instalados los 45 consejos municipales y distritales en Morelos, porque ello les permitirá cumplir con su obligación constitucional de seleccionar, integrar e instalar los mismos, que habrán de servir en el proceso electoral venidero.
Sin embargo, reconoció que en caso de que el gobierno del estado no entregue el dinero solicitado por este órgano electoral se estaría vulnerando directamente a la constitución política, puesto que el IMPEPAC cumplirá con la responsabilidad que les corresponde con lo que se dará puntual cumplimiento a lo mandatado por la Carta Magna.
Ixchel Mendoza, puntualizó que si no se tiene el recurso presupuestal para la instalación correcta en el lugar físico en los inmuebles a fin de que puedan operar dichos consejos municipales y distritales de los que el IMPEPAC, hará la selección, entonces el Consejo Estatal Electoral tendrá que generar las acciones conducentes.
Ello, en virtud de que pudiera haber algún tipo de responsabilidad en cuanto a la omisión de no otorgar o no contar con los recursos necesarios para realizar el proceso electoral 2017-2018.
Cabe mencionar que de los 82 millones solicitados como presupuesto para este año el gobernó del estado sólo les autorizó 15 millones en un inicio y luego una ampliación de nueve millones para hacer un total de 24 millones de pesos que son insuficientes para poder atender y resolver el problema electoral por lo que se acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para obligar al mandatario a que entregue los dineros que necesita el órgano electoral para el desarrollo de las elecciones.