-El exhorto urgente fue realizado por cinco rectores, entre ellos el de Morelos
Un llamada urgente para que intervenga el presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue el que hicieron cinco rectores, entre ellos Alejandro Vera Jiménez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para que pueda apoyarlos con una ampliación presupuestal de 4 mil millones de pesos para cubrir la nómina de 26 mil trabajadores que atienden a más de 180 mil estudiantes ante la crisis en las que se encuentran estas instituciones de educación superior.
Entre los rectores que solicitan esta ampliación presupuestal están además de Alejandro Vera, de la UAEM; Medardo Serna González, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Jorge Ignacio Peña González, de la Universidad Autónoma de Nayarit; Antonio Guzmán Fernández, de la Universidad Autónoma de Zacatecas; y Eduardo Bautista Martínez, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
A través de una carta abierta que le enviaron al titular del Poder Ejecutivo a quien le dicen que esa ampliación presupuestal es para estar en posibilidades de mantener las actividades académicas que tanto beneficio aportan a la nación.
En caso contrario, de no obtener los recursos económicos aseguran los cinco rectores de las universidades que representan, tendrán que declararse en insolvencia económica de manera inmediata y por tanto, no podrán coadyuvar con el Estado Mexicano en la noble tarea de brindar educación superior y media superior de calidad a miles de jóvenes en el país.
Esta situación de darse tristemente, provocaría que pasaran a la historia como la generación de canceló el derecho a la educación en algunos de los estados más pobres y violentos del país, además de que provocaría una convulsión política social de grandes dimensiones al violentar los derechos humanos, individuales y sociales, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los argumentos para solicitar la ampliación presupuestal destaca el hecho de que han asumido la obligación de jubilar a sus trabajadores y durante décadas, otorgaron una serie de prestaciones no reconocidas por la federación ni respaldadas actualmente por los gobiernos de los estados, quienes en el pasado las promovieron y avalaron, las cuales se han constituido en derechos adquiridos que deben de respetar.
Ante esta situación, las universidades tienen comprometidas su presupuesto en más de un 40 por ciento en promedio para hacer frente a estas obligaciones contractuales, las cuales impide que puedan sostener las actividades de educación a favor de miles de jóvenes, muchos de ellos menores de edad por ser estudiantes del nivel preparatoria.