El jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, aceptó su destitución como titular de la demarcación, que le fue impuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hasta el momento, Moreno Rivera no ha recibido la notificación de destitución de la Corte, por lo que aún continua en funciones.
No obstante, al dejar éste la demarcación, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de Ciudad de México, enviará una terna a la Asamblea Legislativa con los posibles candidatos para sustituir al delegado, y de los cuales escogerán al mejor perfil que concluirá el periodo administrativo 2015-2018.
En tanto ocurre este proceso de selección, quedará como encargado de despacho el director de Jurídico y Gobierno de la demarcación, José Luis Díaz Nicazo.
El jefe delegacional agregó que no comparte la decisión y la considera “injusta”, porque el alto tribunal no valoró debidamente la actuación de la demarcación respecto a la sentencia del juicio laboral.
“Es verdaderamente injusto el actuar del órgano constitucional, pues pareciera que el fallo dejó de tener fundamentos jurídicos y obedece más a tintes políticos que a valoraciones jurídicas”, indicó.
Moreno Rivera resaltó que desde el pasado 6 de abril se pagaron las diferencias salariales y aguinaldo a cuatro trabajadores, y detalló que el monto ascendió a 6 millones 979 mil 819 pesos.
También dijo que otorgó el nombramiento de verificadores o inspectores, el cual dio cumplimiento a lo determinado por la segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el acuerdo emitido el 6 de julio pasado.
Señaló que la expedición de credenciales y órdenes de visita para verificaciones no son competencia de la delegación sino del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), puesto que en 2010 el entonces mandatario capitalino Marcelo Ebrard eliminó esta atribución que tenían las autoridades delegacionales.
Además, dijo que el derecho constitucional señala: “Que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite”, por lo que esto lo imposibilita jurídicamente para emitir dichas credenciales, “situación que tampoco fue valorada por el máximo tribunal de la nación”.
En tanto, el diputado del PRD, José Manuel Ballesteros —a quien también la SCJN destituyó por omisiones— señaló que están revisando en qué forma viene la sentencia para determinar el actuar jurídico.
Indicó que cumplieron con todo lo que se había pedido, pero no pueden transgredir la ley cuando no se los permite y menos si ellos como legisladores es lo que buscan, que se respeten las leyes.
Dijo que están valorando el tema, porque cuando fue delegado el área jurídica se encargó de cumplir con el laudo y que hasta no contar con la sentencia definitiva no actuará.
Respecto a Ballesteros, la SCJN tendrá que notificar a la Procuraduría General de la República sobre la destitución y posteriormente avisar a la Asamblea Legislativa sobre el caso, para que se inicie el proceso de desafuero del diputado.
Posteriormente se tendrá que convocar a la Comisión Jurisdiccional para quitarle el fuero y este proceso puede tardar hasta 60 días; al no ser un delito grave, puede continuar como diputado hasta que concluya la séptima legislatura, en octubre de 2018.
Al respecto, la secretaria de Gobierno de Ciudad de México, Patricia Mercado, dijo que apoyará al delegado.
Tras comparecer en la Asamblea Legislativa, aclaró que se revisará en qué sentido viene la sentencia para saber si es la última instancia y cómo pueden respaldar al Moreno Rivera financieramente.
El consejero jurídico capitalino, Manuel Granados, indicó que ellos tendrán que ser notificados sobre la destitución del delegado y analizar qué fue lo que ocurrió, para verificar las medidas legales que tomarán.
Asimismo, la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, calificó de increíble la sentencia contra el delegado porque “es una cuestión de carácter laboral, que además ni siquiera surgió en el periodo actual”, por lo que lo respaldarán ante esta situación.
En tanto, el ex delegado de Venustiano Carranza y hermano del actual titular, Julio César Moreno, señaló que es injusto lo que le ocurrió a su familiar, porque no le correspondía cumplir con la expedición de documentos que le solicitaron, ya que estaba fuera de sus atribuciones.
Por la mañana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la destitución y consignación ante un juez federal del jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, así como de su antecesor José Manuel Ballesteros López, actualmente diputado local, por desacato a una sentencia judicial.
Lo anterior derivó de un incidente de inejecución de sentencia, donde se reclamó que no se respetaron los amparos concedidos en 2013 a cuatro trabajadores de la demarcación.
El ministro José Fernando Franco González Salas propuso destituir y consignar a Moreno Rivera y a Ballesteros López, porque el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje informó a la Corte ayer, por vía electrónica, que no se había cumplido con la sentencia de amparo.
El jefe de delegacional debía acatar lo resuelto en el laudo de 23 de enero de 2013, es decir, expedir a los cuatro quejosos los nombramientos con la categoría de verificadores o inspectores; pagarles las diferencias de salario existentes entre las sumas que se les había venido pagando y las que les correspondían por haber desempeñado las funciones de inspector o verificador, desde el 26 de noviembre de 2003 hasta la segunda quincena de marzo de 2005, así como las que se generaran con los incrementos al salario en fecha posterior a la cuantificada y hasta que se cumpliera el laudo.
También tenía que pagarles las diferencias de aguinaldo de 2003, 2004 y las que se generaran durante la tramitación del juicio y, finalmente, debía proporcionar los elementos necesarios para el desempeño del encargo, como credenciales y demás documentos oficiales.
En el proyecto se menciona que tanto la sala responsable como el juez de distrito requirieron en diversas ocasiones al jefe delegacional el acatamiento del fallo, sin que hasta el momento, más de dos años y nueve meses después de que causó ejecutoria este último y se le requiriera por primera vez su cumplimiento, haya acreditado tal situación.
PGR DEBE EVALUAR EL CASO
La Procuraduría General de la República deberá evaluar si detiene o no a Ballesteros López, luego de que la Corte ordenó su consignación por desacato a una sentencia judicial cuando era jefe delegacional en Venustiano Carranza.
Funcionarios del máximo tribunal de justicia calificaron el caso como inédito porque un juez federal debe ordenar a la PGR detener al legislador perredista, pero el Ministerio Público federal tendrá que analizar si el fallo de la Corte le retira el fuero a Ballesteros o si se debe iniciar un proceso ante la Asamblea Legislativa.
El delito por el que se ordenó detener a Ballesteros no es grave y se castiga de cinco a diez años de prisión, o inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, esto por incumplir una sentencia de amparo.
El caso, explicaron los funcionarios, puede volver a la Corte para definir qué alcances tienen los fallos del alto tribunal en este tipo de asuntos.
Una vez que el pleno de la Corte presente su engrose de sentencia y se notifique al juez federal del fallo, se procederá a ordenar la detención de Ballesteros, así como del actual jefe delegacional, éste último del que también demandó su destitución del cargo por desacato.