El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) abrió una investigación en contra del juez José Díaz de León Cruz, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, luego de que se descubrió que presuntamente exige cuotas mensuales a cuando menos siete funcionarios de su juzgado a cambio de otorgarles cargos o con la amenaza de quitarles los que ya tienen.
El argumento que supuestamente les da el juez Díaz de León es que debe entregar el dinero —que exige en sobres cerrados— a “los altos mandos” del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La investigación en su contra fue acordada por el pleno del CJF por unanimidad de siete votos del ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, y de los consejeros Felipe Borrego Estrada, Jorge Antonio Cruz Ramos, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez y Alfonso Pérez.
Dicha indagatoria llega a tal grado que las autoridades investigan también las cuentas bancarias y propiedades que puedan tener su cónyuge, hijos, hermanos, padres…
De acuerdo con documentos en poder de La Razón, la indagatoria contra el juez se inició luego de que una funcionaria a su mando documentó la forma en la cual Díaz de León Cruz les exigía el efectivo.
En la querella, detalló que el dinero era aparentemente para sustituir un porcentaje de su sueldo, que le es descontado por concepto de una pensión alimenticia.
Mediante el oficio SEFSP/DGRH/URL/36407/2917 de la Dirección General de Recursos Humanos, conoció las percepciones cubiertas vía nómina por el juez y confirmó que efectivamente se le aplica un descuento de 65 por ciento concepto de pensión alimenticia.
La denuncia presentada detalla uno a uno los nombres de los funcionarios a los que les exige las cuotas mensuales, los cargos que ostentan y la temporalidad de sus plazas, bajo las órdenes de dicho funcionario. Entre ellos se enlista a secretarios de juzgado, oficiales administrativos y analistas jurídicos.
En la querella se detalla que el juez José Díaz de León Cruz les exigía a cada uno de ellos que le otorgaran distintas cuotas de acuerdo con su salario mensual.
Además, debían darle una parte proporcional del aguinaldo y de los bonos que percibían. Les indicaba que le dejaran el dinero en efectivo en un sobre.
Tras recibir la documentación detallada sobre las cuotas que exigía el juez, el CJF ordenó a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina abrir la indagatoria y a la Contraloría del PJF hacer lo mismo.
De manera textual, les pide investigar al juez e incluso solicitar “a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por Conducto de la Secretaria Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación, un informe de los registros y operaciones bancarias del mencionado funcionario judicial y de sus familiares que corresponda (cónyuge, hijos, hermanos, padres etcétera), por el periodo comprendido del uno de febrero de dos mil quince a la presente fecha”.
El CJF agrega a la Contraloría que “de considerarlo conveniente, recabe ese mismo tipo de información en el extranjero en lo concerniente a la citada temporalidad”.
Aunado a ello, se autorizó investigar los bienes inmuebles y vehículos que pueda tener en la ciudad o en otros estados, tanto él como sus familiares.