Las cuentas públicas del priísta, Francisco Moreno Merino fueron aprobadas por el pleno del Congreso, a más de un año de que ‘renunció’ a la presidencia de la Mesa Directiva.
El coordinador de la bancada priísta, Mario Chávez Ortega confirmó que la gestión financiera de su homólogo Moreno Merino, fue validada en la sesión privada y que de madrugada realizó el pleno legislativo del Congreso, el pasado 16 de noviembre.
Fue en la sesión del 12 de octubre de 2016 y para cuando la información sobre un grave déficit financiero en el Congreso era ya inocultable, el priísta Francisco Moreno Merino anunció su 'renuncia' a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso e incluso, anticipó que en los siguientes días solicitaría licencia para atender una invitación que le había hecho el gobernador, Graco Ramírez, para sumarse al gabinete. Lo cual hasta ahora no ha ocurrido.
A más de un año de la dimisión de Moreno, en la sesión privada y que de madrugada realizaron los diputados de la LIII legislatura el 16 de noviembre pasado, fueron sometidas a votación sus cuentas públicas, que sin ninguna objeción de por medio fueron aprobadas; incluso, los diputados de su bancada que habían comprometido impulsar el esclarecimiento sobre el manejo presupuestal del Congreso, votaron a favor y guardaron silencio sobre su promesa previa.
Entrevistado al respecto, el coordinador de la bancada priísta, Mario Chávez Ortega se limitó a señalar que “en todo momento” los diputados del PRI solicitaron la realización de una auditoría a las finanzas del Congreso, pero no pudieron lograr el consenso necesario.
Como se recordara, la crisis financiera en el Cámara de diputados llegó a tal grado que los diputados del extinto llamado G-10, conformado por las bancadas del PRI, PAN, Nueva Alianza, PES y Humanista, “tomaron” las oficinas del Congreso en demanda del pago salarial de sus empleados. En aquel momento se reveló que el priísta Francisco Moreno Merino siendo presidente de la Mesa Directiva, había solicitado al Poder Ejecutivo un anticipo cercano a los 70 mdp correspondiente a las ministraciones (presupuesto) que mensualmente recibe la Cámara de diputados, sin embargo, nunca se informó en qué fue usado ese dinero.