Entre fuertes cuestionamientos y el anuncio de presentar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República perfilaba aprobar esta madrugada la Ley de Seguridad Interior que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado con algunas modificaciones, entre ellas, obligar a los estados y municipios a entregar un plan con plazos, acciones y presupuesto para depurar y profesionalizar a sus policías.
Tras una maratónica sesión que inició alrededor de las 14:30 horas y que concluyó esta madrugada, la Ley de Seguridad Interior, la polémica norma que regula la participación de las Fuerzas Armadas en estados y municipios que sean rebasados por el crimen organizado, dio un paso más hacia su aprobación.
La norma, modificada de última hora por los senadores, establece que el Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades, la intervención para la realización e implementación de acciones de seguridad interior, es decir, la intervención del Ejército y la Marina.
El dictamen que incluyó modificaciones a nueve de los 34 artículos que contiene esta ley, señala que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año y únicamente será prorrogable mientras subsista la amenaza a la seguridad interior.
Los senadores modificaron el Artículo 8 donde extendieron a todo tipo de marchas o protestas sociales la garantía de que bajo ninguna circunstancia este tipo de movilizaciones serán consideradas como amenazas a la seguridad interior y no sólo las que se realicen “en términos pacíficos” como establecía el dictamen original.
Una vez aprobada esta ley se enviará de inmediato a la Cámara de Diputados para que ratifiquen los cambios este mismo viernes y se mande al Ejecutivo para su promulgación.
Al presentar el dictamen ante las comisiones unidas, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, rechazó que esta ley militarice al país y dijo que contrario a ello, se pone orden en la actuación de las Fuerzas Armadas.
“Con la presente Ley, no se pretende que las Fuerzas Armadas estén al frente de las acciones de seguridad de manera permanente. Falso el dicho, quien lo dice, y menos, mucho menos, es intención del Gobierno de la República, militarizar el país, como algunos aseguran”, aseveró.
Pero la oposición se lanzó contra esta ley y a través de la senadora del PT, Dolores Padierna, acusó que la sustitución de los policías por el ejército conllevó a un debilitamiento de las estructuras de seguridad pública estatales y municipales.
“Todos los recursos económicos y materiales se destinaron a las instancias federales, abandonando el seguimiento a los gobernadores para que realmente capacitarán a sus policías”, acusó.
Reconoció que las fuerzas policiacas en muchos estados están infiltradas por el crimen organizado, pero la solución no va acompañada de una serie de medidas fundamentales para lograr un modelo realmente tendiente a erradicar la corrupción y la impunidad. De nada valió la oposición de varios senadores del PAN, así como las bancadas del PRD y PT, pues nada logró detenerla.
El pleno del Senado desechó una moción suspensiva presentada por Angélica de la Peña y aprobó que se integraran los 9 cambios en un addendum para iniciar la discusión en lo general.
El senador del PAN Javier Lozano llamó mentirosos, ignorantes y dos caras a los senadores que hoy avalan el perdón a los delincuentes y condenan a nuestros militares por actuar en funciones de seguridad pública.
Fernando Herrera, coordinador del PAN, no tuvo más remedio que dejar libres a sus senadores. Al fijar la postura del PAN, Herrera reconoció la división de opiniones en el PAN, donde no sólo los llamados rebeldes respaldan la Ley, sino que, por instrucción de sus gobernadores, otros tienen la instrucción de dar certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas.