La Procuraduría General de la República (PGR) acusó que el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, cometió irregularidades que causaron un daño total por 900 millones 99 mil 418.17 pesos al erario estatal.
Según las estimaciones de la PGR, el daño es equivalanete al presupuesto anual de 2017 que se asignó a la Secretaría de la Defensa Nacional para el pago de la nómina de sus 273 mil elementos.
Durante la audiencia inicial ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, Artemio Zúñiga, la PGR imputó al ex mandatario haber cometido operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultamiento de bienes cuyo origen es ilegal.
En la diligencia a la que Roberto “N”, como lo identifica la PGR en su boletín, compareció luego de su extradición desde Panamá, solicitó la reserva de sus datos personales, se mostró serio, con un semblante pálido y delgado, derivado de un daño renal.
En la causa penal número 381/2017, la PGR indicó que Roberto Borge Angulo, apoyado por personas de su confianza, como familiares, amigos y ex servidores públicos, ocultó o pretendió esconder bienes adquiridos de manera ilícita.
Los fiscales adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) afirmaron que Roberto “N” supuestamente enajenó a precios inferiores 22 predios que formaban parte de la reserva natural del estado de Quintana Roo, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), encabezado por Claudia Romanillos, para beneficiar a prestanombres y empresas fachada del ex gobernador.
“El señor Roberto Borge estructuró a las personas para realizar el delito que se le imputa. Para precisar, ideó y ejecutó el plan para la adquisición y enajenación para el ocultamiento de los predios con ayuda de otros, por lo que es coautor”, identificó el fiscal.
La extensión total de los 22 predios es de 8 millones 561 mil 959 metros cuadrados, dos veces la superficie de Isla Mujeres y 10 veces la del terreno que comprende Xcaret.
Los fiscales consideraron a Romanillos como coautora del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e informaron que de los 22 predios sólo existe certeza del ocultamiento de tres, uno adquirido por la madre del ex gobernador de Quintana Roo, María Rosa Yolanda Angulo Castilla, puesto que el resto fue asegurado por la PGR, como lo dio a conocer EL UNIVERSAL.
Detallaron que los hechos atribuidos a Roberto “N” supuestamente fueron cometidos durante su mandato en Quintana Roo, entre abril de 2011 y septiembre de 2016, y que la investigación derivó de las denuncias realizadas por Roxana Lili Campos Miranda, consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del estado; Carlos Flores Hidalgo, director del IPAE, y Ángel Salvador Vargas Mitre, director general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La formulación de la imputación constó de 89 datos de prueba con los que la PGR indicó que existen indicios de que con la conducta cometida por Roberto Borge y sus colaboradores, los 22 predios fueron vendidos por un total de 238 millones 790 mil 121.98 pesos, a pesar de que el valor real de los mismos asciende a mil 138 millones 889 mil 540.15 pesos.
El daño calculado asciende a 900 millones 99 mil 418.17 pesos.
Los predios se ubican en lugares como Cancún, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco.
De los 22 terrenos, los fiscales informaron que existe certeza de que la organización que colaboraba con el ex mandatario logró el ocultamiento de tres y de los 19 restantes no se concretó el delito porque la PGR los aseguró. Los tres predios a los que se refirió la PGR fueron adquiridos por César Celso González Hermosillo y Melgarejo, identificado como abogado de la familia Borge-Angulo y supuesto prestanombres de Roberto “N” y por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex mandatario.
Los terrenos se vendieron por 17 millones 357 mil 455.88 pesos, pese a que su valor real es de 129 millones 235 mil 215 pesos; la diferencia es de 111 millones 877 mil 759 pesos.
Los 19 terrenos que la PGR aseguró fueron vendidos en 221 millones 432 mil 666 pesos, y su valor real es de mil nueve millones 654 mil 324 pesos.
Esto causó una pérdida de 788 millones 221 mil 658 pesos al erario del estado de Quintana Roo.
Además, observaron que los procesos de compra-venta de los terrenos, a cargo del IPAE, no cumplieron las formalidades de ley tales como solicitudes de avalúo comercial, constancia de historial crediticio de los compradores o la propuesta del proyecto a desarrollar en los mismos.