Autoridades del municipo de San Pedro Cholula, Puebla, presentaron la primera controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que viola la Carta Magna en el tema de la autonomía de la seguridad municipal.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Ignacio Molina, secretario general de gobierno de Cholula, afirmó que él, junto con José Juan Espinoza Torres, presidente municipal de esa ciudad y Esperanza Estela Chilaca, sindico municipal, entregaron a la Oficialía de Partes del máximo tribunal la controversia constitucional.
La Oficialia de partes de la SCJN recibió la documentación con la que el ayuntamiento de San Pedro Cholula, en Puebla, interpone una controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior. De acuerdo con personal de la Corte será hasta la próxima semana en que el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales asigne la documentación a uno de los ministros, quien decidirá si se admite la controversia.
“Todavía estamos en tiempo y forma en presentar recursos, el día de hoy acudimos a la SCJN a interponer esta controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior debido a que consideramos que tiene agravios en contra de la autonomía municipal.
“Esta ley viola el tema de la seguridad pública que está consagrada a los municipios en el artículo 115 de la Constitución; al mismo tiempo creemos que también es una violación a la autonomía municipal que la policía municipal en algún momento y en el supuesto que maneja la ley, pueda tener un mando dirigido por una persona que el Presidente designe”, comentó.
Molina indicó que el documento se inició a elaborar inmediatamente que el Ejecutivo Federal la promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y agregó que en la Oficilía de Partes les comentaron que “fueron los primeros a nivel nacional en presentar este recurso y que ya la estaban esperando”.
Manifestó que esta ley también se contradice en materia de transparencia y de derechos humanos “y como lo ha dicho la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos nacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sin embargo nosotros no tenemos la capacidad jurídica para presentar controversias por estos agravios".
El pasado 21 de diciembre el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior, sobre la que dijo ese día que será la SCJN la que decida si la norma se apega a la Constitución para entonces llevarla a su implementación.
“De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Corte sólo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ha sido promulgada, por tanto doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia sobre esta ley. Subrayó que esa instancia “será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”.
Destacó que la Federación no dejará de auxiliar a los estados que necesitan el respaldo de las Fuerzas Armadas y que esta ley permite tomar conciencia sobre la urgencia de que las autoridades locales fortalezcan su capacidad para proteger a la población ante el crimen.
El Presidente indicó que esta misma ley recuerda la necesidad de tomar una definición sobre si seguir con más de mil 800 policías municipales o construir, como lo propuso al Congreso hace más de tres años, 32 policías estatales profesionales, confiables y eficaces.
Ante la promulgación y entrada en vigor de la ley, la CNDH consideró que esa legislación vulnera la autonomía y la efectividad del propio organismo, así como de las fiscalías e instancias anticorrupción, debido a que estarían obligadas a entregar información de expedientes a las Fuerzas Armadas y a otras dependencias federales.