Afirma que no ha recibido la partida por las acciones anticorrupción contra el gobierno de su antecesor. “No quieren detener a Duarte, pero nos detienen recursos”
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, denunció una presunta represalia financiera del gobierno federal, por 700 millones de pesos, como consecuencia de las acciones emprendidas por la Fiscalía estatal en contra de la pasada administración priista de César Duarte.
Afirmó que el gobierno de la República no entrega participaciones federales correspondientes al estado desde que se emprendió acción penal contra el exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez, preso en un penal estatal desde el 20 de diciembre pasado.
En conferencia de prensa, el mandatario chihuahuense denunció que el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, le dijo que “la investigación pone en entredicho la transferencia de recursos”.
Explicó que primero la Secretaría de Hacienda argumentó razones de disponibilidad financiera para no transferir los recursos, pero después observó que Chihuahua fue la única entidad afectada, “lo cual nos provocó un enorme problema para el cumplimiento cabal de las obligaciones, como el pago de salarios”.
“El gobierno de Enrique Peña Nieto actúa contra el pueblo de Chihuahua; no quieren detener a Duarte, pero nos detienen los recursos que necesitamos para sanear las finanzas”, afirmó el gobernador, quien estuvo acompañado, entre otros, por Agustín Basave, el diputado Guadalupe Acosta, y el senador de ese partido, Luis Sánchez, de panistas como Gustavo Madero, Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hicks, además de Jacqueline Peschard.
Corral afirmó que en el proceso en contra de Gutiérrez se tocó el modus operandi de la corrupción política en México, y “hemos acreditado técnica y documentalmente las acciones anticorrupción realizadas, que responden al daño infringido al erario chihuahuense”.
Afirmó que esta acción ha venido a romper el “pacto de impunidad” (una frase que utiliza Ricardo Anaya en su precampaña) y ahora “desde el gobierno federal quieren hacernos pagar las consecuencias”, pero, advirtió, su gobierno “dará la batalla hasta las últimas instancias”.
“Del universo de órdenes de aprehensión libradas, 10 solamente pertenecen al exgobernador Duarte”, subrayó.
Agregó que se trata de un intento de estrangular económicamente a Chihuahua, donde se confirma que la Secretaría de Hacienda “es utilizada como un instrumento de control político frente a los gobernadores”.
Sin embargo, aseguró que “no vamos a ceder, pues no se intercambiará lo logrado por una disposición de recursos que legalmente pertenece a los chihuahuenses”.
Alejandro Gutiérrez, quien se desempeñó como secretario general adjunto del PRI, es acusado de peculado agravado, por el presunto desvío de 250 millones de pesos, extraídos de las secretarías de Educación, Cultura y Deporte y de Hacienda, durante la pasada administración, para gastarlos en el proceso electoral de 2016.