Durante el último año, dos sujetos imputados por el delito de robo agravado fueron puestos en libertad cada dos horas en la Ciudad de México. En ese periodo, 4 mil 537 personas salieron de las prisiones de la capital.
Actualmente, en la Ciudad de México hay una población aproximada de 27 mil 732 ciudadanos privados de su libertad por delitos del fuero común y federal en los centros penitenciarios, de los cuales 11 mil 710 ingresaron por robo agravado. De acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, de los imputados por robo agravado que obtuvieron su libertad 22 fueron por falta de elementos por parte del Ministerio Público, 113 fueron absueltos, mil 262 siguen su proceso en libertad, 2 mil 646 cumplieron su condena y el resto tuvo otra medida o beneficio.
A nivel nacional el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que en 2016 hubo 168 mil 245 asaltos con violencia y hasta noviembre del año pasado sumaron 208 mil 687 casos: 24.5% más casos. El asalto a transeúntes creció entre ambos años 21.7%, al pasar de 48 mil 837 a 59 mil 441.
En la Ciudad de México el robo con violencia pasó de 21 mil 483 casos a 25 mil 58, por lo que subió 16.6%. Mientras que el asalto a transeúntes aumentó 3.6% en ese periodo.
Especialistas aseguraron que el primer factor para que los involucrados en delitos como el robo agravado no pisen la prisión y delincan es la falta de capacitación para implementar el Código Nacional de Procedimientos Penales. En entrevista con EL UNIVERSAL, Diana Cristal González Obregón, abogada penalista, redactora y analista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aseguró que la liberación de estos sujetos no es responsabilidad del sistema penal, sino de las malas prácticas de las autoridades.
“El sistema no es la causa de que las personas salgan, tampoco es el responsable de que exista más delincuencia, ni tampoco de que exista impunidad. Se trabaja en que los casos no queden impunes, las autoridades tienen que hacer una investigación mucho más científica y con esto se le pone un tope para que no se avance en contra de un ciudadano, en tanto no se demuestre que hay una indagatoria concreta de que exista la probabilidad de que la persona cometió el delito”, declaró.
Aseguró que actualmente durante los procesos penales, el Ministerio Público no analiza ni sigue al pie de la letra lo establecido en el código nacional para verificar que los imputados son peligrosos para la sociedad y, si es necesario, que se implemente la prisión preventiva, lo que genera que muchos sujetos sigan su proceso en libertad y delincan.
“Aunque el imputado no haya cometido un delito grave que obligue a la prisión preventiva oficiosa, pero que pueda demostrar que no tiene cómo manifestar su domicilio, trabajo y además es reincidente, las autoridades tienen la obligación de imponer esa medida cautelar, pero eso no se hace, no existe la tecnología”, explicó.
Consideró que el Estado mexicano se ha rendido en la implementación de este sistema de justicia y, como ejemplo, mencionó la falta de capacitación en la policía y ministerios públicos. “Se ha perdido la fe en los MP y en la policía y ahora se le está dando la batuta al Ejército, pero lo lamentable es que tampoco a ellos se les esta dando capacitación”, advirtió.
Señaló que otra de las problemáticas que ocasionan que las personas reincidentes salgan de prisión es que no hay apoyo en las procuradurías a nivel local y federal de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, la cual tiene como objetivo proporcionar información a las partes sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares.
“Tenemos deficiencias en esta Unidad de Medidas Cautelares, tanto en tecnología, en gestión y en la coordinación informática. No están actualizadas las bases de datos, entonces, cuando detienen a una persona en algún estado y se requiere información sobre él, no se tiene y en el momento de la audiencia no se tienen las pruebas suficientes”, dijo.
El especialista en Derecho Penal, de la Universidad La Salle, Víctor Manuel Alonso, coincidió en que los ministerios públicos ni las policías tienen una adecuada capacitación.
Aseguró que el problema se debe a que este nuevo sistema se tiene que cuajar, puesto que sólo tiene unos años de implementación, por lo que todavía hay penalistas o jueces que están acostumbrados al sistema inquisitivo, lo que ocasiona que incluso se concluyan los casos por violaciones a los derechos humanos.
“Por lo menos en la CDMX tiene muy poco que se está aplicando. Estamos en un proceso de transición. El problema principalmente es de las policías y los ministerios públicos”, aseguró. En los últimos meses han sido detenidos diversas personas por el delito de robo agravado y que cuentan con antecedentes penales. El pasado diciembre se arrestaron a 18 personas que han estado en prisión por al menos en una ocasión por el mismo delito.