El gobierno estatal violó la ley y vulneró la autonomía del TEE, argumentan magistrados
Durante la sesión de la sala superior del TEPJF se presentó un proyecto de resolución en el que se advertía de la violación al procedimiento ordinario de los presupuestos en el Poder Judicial, pues la propuesta de presupuesto del tribunal fue contrario al procedimiento dispuesto en el marco legal y constitucional, pues redujo la cantidad solicitada por el órgano de justicia electoral en su anteproyecto
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Al censurar el comportamiento del gobierno del estado, la magistrada Mónica Soto advirtió que la inobservancia a las reglas que determinan la forma en que se asigna el presupuesto a una de esas autoridades, no sólo constituye una violación al marco jurídico sino, así lo estimo, una vulneración a la autonomía e independencia que, como anticipé, constituyen condiciones para su eficacia e incluso su existencia en sentido amplio
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Explicó que hubo una deliberada injerencia del gobernador al manipular el anteproyecto de presupuesto, lo que constituyó un exceso en las atribuciones y puso en riesgo el correcto funcionamiento del TEE, lo cual es jurídicamente inadmisible
. El caso es aún más grave porque se trata de un año en el que se efectuarán elecciones para gobernador, Congreso y alcaldes.
A su vez, el magistrado Reyes Rodríguez aseveró que el Ejecutivo (local) tiene la obligación de remitir los proyectos de presupuesto que reciba de los tribunales electorales estatales de manera íntegra, con todos los anexos y documentos que lo acompañen y busquen justificar la propuesta del tribunal.
La presidenta del TEPJF, Janine Otalora, subrayó que una forma de evitar esas injerencias indebidas en la asignación presupuestal de los tribunales electorales es mediante la asignación de un porcentaje fijo del presupuesto anual, para que no haya margen a modificaciones.
Por otra parte, el TEPJF confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral en el que establece lineamientos para cumplir con las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares de los partidos.
Al resolver sendos recursos de PRI y PRD, que impugnaron las facultades del INE para establecer sanciones por el incumplimiento de estas especificaciones, los magistrados consideraron que el órgano electoral actuó en plenitud de facultades para aprobar dicho acuerdo.