La cultura de asegurar un inmueble y darle mantenimiento será uno de los componentes más importantes del Plan de Reconstrucción de la Ciudad de México.
En entrevista con Crónica, el comisionado para la Reconstrucción de la capital, Ricardo Becerra, señaló que si bien la vivienda es un derecho, también debería plantearse una obligación, la cual sería que los propietarios y arrendatarios de un bien inmueble den mantenimiento.
Además, planteó una cuota que se sumaría al predial, a fin de crear una bolsa de recursos para emergencias, que se utilizaría en casos como el del sismo del pasado 19 de septiembre.
Becerra señaló que la propuesta tendrá que ser considerada por la Asamblea, pues es necesario que el mantenimiento y aseguramiento de los inmuebles se conviertan en ley.
Dijo que la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México contempla también una revisión presísmica a los edificios estratégicos que existen en la capital, tales como escuelas, universidades, hospitales, de telecomunicaciones y gubernamentales.
Además, se realizará el análisis estructural de todos los inmuebles que hay en la Ciudad de México.
Aclaró que en la reconstrucción de la capital no sólo se utilizarán recursos públicos sino también del sector privado a través de desarrolladores inmobiliarios.
—¿En qué consiste el Plan de Reconstrucción?— se le preguntó.
—Es en realidad el producto de un estudio de la ley, la cual en sí misma ordena crear alrededor de 33 programas. Además de la ley, están las iniciativas que tomó el Jefe de Gobierno durante toda la emergencia y que constituyen también una batería importante de apoyo a los afectados. Hay otra parte de los programas que provienen del Comité Científico y finalmente hay tres o cuatro que son propuestas de la propia Comisión para la Reconstrucción. Es decir, el programa se compone de la ley, de la experiencia en la atención de la emergencia, de las opiniones de los científicos y de la escucha a los ciudadanos de más de 65 predios que se han visitado durante estos cuatro meses, respondió.
—¿Tomaron en cuenta a todos los damnificados? Hay asociaciones que dicen que no.
—Los Damnificados Unidos son uno de los grupos más escuchados y más atendidos en esta emergencia. Por fortuna, tenemos al secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, que ha sido el responsable de dar atención personalizada por ejemplo al Multifamiliar de Tlalpan. Él se ha encargado de hacer un trabajo muy profesional para escucharlos y atenderlos y con ello canalizar sus demandas.
—En el Plan se habla de mantenimiento a inmuebles, ¿por qué, si el propietario no se lo dio a su vivienda, el gobierno tiene que hacerse cargo de la reconstrucción?
—Los censos van a revelar cuánta responsabilidad tiene cada uno de los afectados. No solo se va hacer un censo socioeconómico de las personas sino un censo de las estructuras. Esto nos va arrojar datos del nivel de responsabilidad.
—¿Se les brindará ayuda de acuerdo con su responsabilidad?
—Eso no dice la ley. Pero se les dará una ayuda diferenciada dependiendo de la posibilidad.
—En la ley se propuso dar incentivos para que la gente dé mantenimiento a su casa, ¿esto no sería como ayudarlos con lo que es su obligación?
—Sí, la cultura de mantenimiento y el aseguramiento será uno de los componentes más importantes de la reconstrucción. Habrá la obligación del aseguramiento. Ésta es una propuesta que la Asamblea tiene que tomar en cuenta muy seriamente para que estén en la ley; además para que la ciudad tenga una bolsa de emergencia.
—¿Y cómo se plantea el pago de este seguro?
—Hay una propuesta de que en el pago del predial cada uno de nosotros pueda desembolsar una cantidad, pero esa cantidad te asegura tu vivienda. Esa es una discusión, pero es importante para avanzar en la cultura del aseguramiento y el mantenimiento.
—¿Esto sería una obligación?
—Sí, así como en la Constitución está marcado que todos tienen derecho a una vivienda digna. Yo creo que la contrapartida al derecho es que aseguren tu vivienda, pero está es una discusión que está en curso.
—¿Por qué dividir el plan en 45 programas?
—Lo decidimos así por tres cosas; la primera es para que nadie se quede sin algún tipo de apoyo de parte del Gobierno, porque éste tiene la responsabilidad después de una emergencia, pero ésta será una ayuda diferenciada.
El segundo es que para dar la ayuda se van a plantear unos censos para dos cosas: saber las posibilidades reales de cada uno de los damnificados y para conocer el tipo de daño que sufrieron con esta combinación, así se sabrá la ayuda que debe dárseles.
Y por último, el programa sí es una instrumentación masiva de muchas medidas para salir lo más pronto posible de la emergencia.
—¿A qué se refiere la ayuda diferenciada?
—Es una serie de combinaciones, el gran debate de la ley se decantó en dos posiciones extremas. Una fue la que se trata de apoyar de manera universal, independientemente de la condición de cada quien así como gratuitamente. La otra era no, dado que los recursos son limitados, hay que apoyar de forma diferenciada de acuerdo con la diferente condición de los afectados. Esta segunda posición fue la que ganó en la ley y en la que está planteado el Plan de Reconstrucción.
—¿Y esta posición es la correcta?
—Yo no estoy en condiciones de debatir las posiciones, sino de instrumentar el programa, pero es evidente que la afectación es fuerte y severa. Además se mostró que ni el país ni la capital tienen todos los recursos para solventar la emergencia de manera digna, gratuita y universal. Esta atención diferenciada es una medida de justicia y de equidad para que cada quien reciba lo que debe.
—¿Cómo será la recepción de la ayuda?
—Hay que aclarar que la ayuda no se delimitará por zonas. La localización del rostro de la pobreza en la ciudad es una de las tareas prioritarias y centrales de los censos. En el cruce de éstos, nosotros vamos a tener claramente ubicada la necesidad de cada damnificado. De eso se trata, de un trato diferente para igualar. Se va a dar conforme se necesite y no conforme se pida.
—¿Cómo fue el daño que provocó este sismo?
—No se compara con el que provocó el de 1985, sin embargo aquí estamos hablando de una media luna que viene desde Tláhuac y corre hasta Lindavista. Es un daño disperso y difícil de localizar. El daño es complejo y mixto, hay que hacer un plan de reconstrucción predio por predio para que la ayuda sea justa y así la ayuda llegue a la persona adecuada y atinada.
—En el plan se dice que la reconstrucción del 85 es muy diferente a la de ahora ¿por qué?
—Es simple política. Aquí estamos en una reconstrucción en democracia, con un pluralismo endemoniado. Tenemos una sociedad más organizada y más movilizada, con un nivel de exigencia de medios mucho más alto y también con una presidencia que pertenece a una cierta tendencia y con un gobierno local que pertenece a otra. Éste es el componente más complejo de la reconstrucción.
—¿Ya están listos los censos?
—Se están haciendo, están en proceso. Lo que sí debe quedar claro es que a todo mundo se le va ayudar. Por ejemplo, a todos los predios se les hará un estudio de suelo para saber si es pertinente volver a construir ahí, porque este es el estudio más importante.
—¿Qué garantiza este plan?
—Que se dé atención, que se cumpla con todos los estudios que fundamentan la base de la seguridad.
—¿Qué dependencias de gobierno están involucradas en este plan?
—Todas. Es una de las recomendaciones de la Comisión, que todos y cada uno de los programas estén alineados con este propósito, sobre todo en este año que es la fase intensa en donde se establece como se va hacer la reconstrucción de aquí a cinco años.
—¿Qué pasará con la reconstrucción una vez que acabe el gobierno de Mancera?
—La ley garantiza la continuidad de los programas de reconstrucción, la siguiente administración podrá poner un matiz u otro, pero las bases fundamentales tienen que ser de acuerdo con la ley y se crean en este año.