Estos recursos se suman a los que interpusieron un día antes diputados de PRD, PAN, Morena y MC, así como el del 5 de enero, presentado por el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.
Rubén Francisco Pérez Sánchez, coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la CNDH, fue el encargado de presentar la impugnación contra 19 artículos de esa legislación.
En un comunicado, el organismo destacó que “en la acción de inconstitucionalidad se hacen valer cuestiones relativas a la subordinación de autoridades civiles a militares, lo que contraviene criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aclaró que no busca atacar instituciones, inhibir la legítima actuación de autoridades o debilitar el estado de derecho, sino preservar la integridad del sistema constitucional y de los derechos humanos.
EXCESOS
Senadores consideraron que la legislación presenta “excesos” y viola el pacto federal. La impugnación fue encabezada por los legisladores Ernesto Ruffo, del PAN; Manuel Bartlett, del PT, y Luis Sánchez, del PRD.
En la Oficialía de Partes del alto tribunal se recibió este recurso con 44 firmas de 43 necesarias para iniciar el trámite correspondiente.
Ruffo dijo que la ley, que se promulgó el 21 de diciembre pasado, “viola la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios, lo que quebranta el pacto federal”.
En entrevista, sostuvo que esa ley además acumula una serie de excesos del Ejecutivo federal que deben ser corregidos en los resolutivos de la Corte.
También acudieron a presentar la impugnación los senadores Angélica de la Peña, Martha Tagle e Isidro Pedraza. Reclamaron 28 artículos de la ley de seguridad que, dijeron, “van contra los preceptos 49 y 73 de la Constitución”.
Manuel Bartlett dijo que se trata de una ley “que militariza el país”, y exhortó a los ministros a resolver lo antes posible el recurso.
Reiteró que el rechazo a la ley no solo es nacional, sino que también lo es a escala internacional, al recordar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, se manifestaron en contra”, afirmó.
“El presidente Enrique Peña dijo, equivocadamente, que no la iba a aplicar... la promulgó pese de que hubo oposición”, apuntó.
La comisión operativa nacional de Movimiento Ciudadano, encabezada por el diputado Jorge Álvarez, argumentó que la legislación atenta contra los derechos fundamentales de los mexicanos.
“Quisiéramos que las controversias interpuestas... y las acciones presentadas fueran resueltas antes del proceso electoral”, señaló.