Organizaciones civiles y de la IP exigieron acabar con la discrecionalidad con la que la SHCP maneja los recursos que entrega a los estados.
En un pronunciamiento firmado por una veintena de agrupaciones —entre ellas, Causa en Común, IMCO, Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad— lamentaron que esos fondos sean usados políticamente para premiar o castigar a los Gobiernos estatales.
Según el documento, la SHCP tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales en el presupuesto y hacer adecuaciones presupuestales, incluso al Ramo 23, de Previsiones Salariales y Económicas.
"Estos mecanismos colocan a la SHCP en una posición de poder y privilegio, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno.
"Tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en donde los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados", plantean las organizaciones.
En medio de la polémica entre el Gobierno de Chihuahua y Hacienda, solicitaron al Congreso citar a comparecer al titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, para que rinda cuentas sobre el uso que se le ha dado al Ramo 23.
REFORMA publicó el pasado jueves que el Gobierno de Javier Corral recibió 47 por ciento menos en los primeros 11 meses de 2017 en comparación con César Duarte en el mismo periodo de 2016.
Las organizaciones ciudadanas, muchas de las cuales participaron en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, advierten que es una obligación del Congreso exigir también una explicación a Hacienda sobre las enormes variaciones entre el dinero presupuestado y el efectivamente ejercido.
Señalan que la débil rendición de cuentas del Poder Legislativo pone en duda el cabal funcionamiento de la división de poderes, por lo que es necesario abrir un debate sobre las reformas legales que pongan freno al uso discrecional, político y electoral del presupuesto.
Asimismo, mencionan la responsabilidad de los Gobernadores: sus bajos niveles de recaudación de impuestos les provoca una abierta dependencia de las aportaciones, participaciones y convenios con el Gobierno federal.