El titular del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, Rodolfo Tapia, reconoció que la estrategia de rescate para los municipios es absurda cuando mantienen nóminas infladas y manejadas políticamente, por lo que llamó a un pacto político entre los municipios mientras se propone una ley que obligue al control de las nóminas
El funcionario explicó que se han destinado 75 millones de pesos para resolver laudos en 2018, lo que evitaría la destitución de presidentes municipales. Recordó que el año anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no es posible destituir a miembros de los ayuntamientos por laudos, lo que no les exime de la responsabilidad de pagarlos.
Cuautla, Puente de Ixtla, Miacatlán y Zacatepec son los municipios que han externado al Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) la urgencia de contar con recursos para atender laudos laborales; explicó, en el caso de Cuautla, que el requerimiento es de 20 millones de pesos de manera urgente. Frente a ello, el recurso servirá para paliar un poco el riesgo de laudos condenatorios, lo que dependerá también de los municipios que deben enfrentar los casos de forma adecuada y con voluntad política.
Sobre el absurdo de entregar más recursos para rescate a municipios que mantienen problemas estructurales de personal, nóminas infladas y despidos de personal, Rodolfo Tapia afirmó que se ha hecho ya una propuesta para autorregularse los municipios.
“Como no hay una norma que los regule en ese sentido, se tienen nóminas bastante abultadas y esto representa caer en círculos viciosos cada tres años; para ello hay una propuesta para que si no hay una ley reglamentaria, por lo menos haya un pacto político entre municipios para que no haya despidos masivos porque los trabajadores no están apoyando su proyecto político. Para que esto no sea resolver lo inmediato pero se genere otra bola de nieve que se vuelva insuperable”, explicó.
También hizo un llamado a trabajar en una reforma legislativa, de la que Morelos sería pionero, en la que se regule la ejecución del gasto corriente y las estructuras administrativas tengan un tope que no les permita rebasar 50 por ciento de su presupuesto en la nómina.