Ciudad de México— Líderes y grupos afines a Elba Esther Gordillo iniciaron una ofensiva política y jurídica contra la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que encabeza Juan Díaz de la Torre.
El actual líder sindical, al encabezar un Congreso extraordinario del magisterio en Puerto Vallarta, advirtió que evitará los intentos de "asalto del poder" de quienes quieren que el sindicato se convierta "en un patrimonio personal o de familia".
Tras la liberación de Gordillo en diciembre pasado, grupos de maestros promovieron amparos en 30 estados para impugnar el nombramiento de Díaz de la Torre como Presidente del SNTE hasta octubre del 2018.
A la vez se manifestaron en instancias sindicales en entidades como Hidalgo, Zacatecas, Baja California, Sonora y Veracruz.
En febrero de 2013, tras la captura de Gordillo, Díaz convocó a un consejo extraordinario para derogar el Estatuto vigente del SNTE tras declarar a la lideresa "ausente" y propiciar su ascenso como sucesor de la maestra acusada de lavado de dinero.
Carlos de Buen, asesor de los maestros disidentes del SNTE, y promotor de las impugnaciones jurídicas, advirtió que los actos y acuerdos de Juan Díaz como líder sindical son ilegales.
Explicó que la suspensión provisional otorgada el viernes pasado a un grupo de maestros de Baja California estará vigente hasta mañana miércoles 15 de febrero cuando debe realizarse una audiencia judicial para determinar los alcances de la suspensión.
Ayer en Puerto Vallarta inició el VII Congreso Nacional extraordinario del SNTE y en su discurso de apertura Juan Díaz aseguró que el futuro del sindicato está a salvo.
La ofensiva contra el SNTE coincide con el surgimiento de las "Redes Sociales Progresistas" que líderes magisteriales impulsan en una decena de estados para promover las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador.
La CNTE aprovechó la circunstancia para movilizarse en Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Ciudad de México contra la legalidad del Congreso del SNTE y exigió a Gobernación reinstalar la mesa de negociación suspendida en 2016. (Con información de Isabella González)