Adultos, niños y jóvenes desaparecen en Veracruz por las noches, por las tardes o al amanecer. Camino al trabajo, al salir de la escuela, al ir o regresar de una fiesta, al salir a la tienda, en jueves, en domingo, cualquier día de la semana, e incluso en sus casas, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
Según ese sumario, Veracruz tuvo bajo la gubernatura de Miguel Ángel Yunes el segundo lugar nacional en número de personas desaparecidas con expedientes federales: cerró diciembre con 202 casos. Guerrero conservó el primero, con 347.
Jorge Winckler Ortiz, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), admitió en enero pasado, ante el Congreso de Veracruz, que hay 3 mil 600 casos de desaparecidos.
Según la propia FGE, en Veracruz se han hallado 343 fosas clandestinas desde 2011 y se han exhumado 225 cuerpos, 335 cráneos y 30 mil 693 fragmentos óseos. Del total de pozos sepulcrales, 31 fueron descubiertos en 2017. Más de 9% apareció bajo la actual administración, sin contar diciembre de 2016.
Sus familias los buscan primero con familiares y amigos, y en el último lugar en que fueron vistos, en hospitales, ministerios públicos, reclusorios, depósitos forenses y, al cabo, en fosas o sepulcros clandestinos, auténticos abismos fragmentarios de datos, historias y crímenes.
Cuando hay un nuevo hallazgo de fosas los familiares de desaparecidos se desplazan hacia esos sitios a buscar indicios. Como en otros aspectos de sus pesquisas, topan frecuentemente con el alto muro de la indiferencia, la ineficacia o la abierta obstrucción oficial