En entrevista con Carlos Marín, para El asalto a la razón, mencionó que en términos de Estado laico, esa tesis no es válida, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la calificó de “inconstitucional”.
Castillejos detalló que es decisión de cada pareja el número y espaciamiento de hijos; en consecuencia, esto no se puede establecer como requisito para un matrimonio.
En ese sentido, el abogado coincidió con el colaborador de MILENIO, Braulio Peralta, al calificar la iniciativa del Presidente de “civilizatoria”, porque lo que busca es que no haya discriminación.
“La Corte señaló que el artículo primero establece ‘que no puede haber ninguna conducta, norma o acto de autoridad discriminatorio’. En consecuencia, el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo que se debe de reconocer; sin embargo, al no estar explícitamente en la Constitución hay legislaciones secundarias que siguen definiendo al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, o que tiene como fin la preservación de la especie, o la procreación, pero ya lo dijo la Corte, son inconstitucionales.
“¿Cuántos matrimonios hoy en día tienen la decisión de no tener hijos? Muchos. Es parte de la libertad, ya sea un matrimonio entre un hombre y una mujer no se está obligado a procrear”, subrayó.
El Consejero Jurídico del Ejecutivo federal definió al matrimonio como un contrato en virtud del cual dos personas deciden compartir sus vidas, mientras que la familia, de acuerdo con la SCJN, se define de distintas formas, puesto que incluye más integrantes que los contrayentes.
“Lo que quiere el Presidente es que no haya ciudadanos de primera y de segunda, que todos tengamos los mismos derechos”, comentó.
Castillejos explicó que la reforma obedece a un primer paquete de legislaciones que impulsará el gobierno federal, que deviene de Los Diálogos por la Justicia Cotidiana, en los que a través de recomendaciones de academias, universidades y organizaciones sociales, impulsan que no haya normas discriminatorias.
Informó que por instrucciones de presidente Enrique Peña Nieto, junto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, analizarán todo el orden jurídico mexicano y determinarán las normas discriminatorias que hay en la legislación federales, las estatales y municipales para proceder a un nuevo paquete de reformas y sacarlas del orden jurídico.
Agregó que a la par, se impulsará “una página de internet donde se recibirán propuestas para quitar normas discriminatorias, para nosotros poder identificarlas entras las miles que existen en el orden jurídico. Es buscar un México sin discriminación”.
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