Niega suspensión definitiva con la que el socio de Anaya buscaba evitar acción de la justicia; la Procuraduría ya puede llevar ante un juez la investigación de lavado de 54 mdp para comprar nave industrial del panista

 

La Procuraduría General de la República (PGR) ya puede solicitar a un juez que ordene aprehender y encarcelar a Manuel Barreiro, señalado como principal artífice de la trama financiera para lavar 54 millones de pesos usados en la compra de una nave industrial de Ricardo Anaya y su familia.

Este miércoles un juez federal negó la suspensión definitiva que solicitó Barreiro con la que buscaba frenar las acciones de la dependencia en su contra.

Con ello, la PGR estaría en posibilidad de consignar el expediente contra Barreiro, quien fue ubicado hace unos días en Canadá, y solicitar su aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos.

• El Dato: El lunes Javier Lozano difundió un video de la boda de Barreiro, en el que se ve a Anaya.

“Se niega la suspensión definitiva a Manuel Barreiro Castañeda contra las autoridades y acto precisado en los Considerandos Segundo y Tercero por los motivos ahí expuestos”, dijo Patricio Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo, al resolver el juicio 121/2018.

Barreiro y otras personas identificadas como Juan Pablo Olea Villanueva, Ana Paula Ugalde Herrera, Sergio Reyes García y Juan Carlos Reyes García se quejaron de actos atribuidos a la PGR.

Reyes García aparece como dueño de la empresa Manhattan Master Plan Development, que fue la que compró la propiedad a Anaya a través de Juniserra SLR de CV.

Lo que alegaron sus defensores penales fue que el Ministerio Público de la PGR no les ha dado respuesta a escritos presentados el 14 de febrero de 2018 para acceder a cualquier carpeta de investigación en la que se les señale como probables responsables.

De hecho, pidieron conocer si están señalados como imputados en los expedientes UEIORPIFAM/979/2017, PGR/SEIDO/UEIDCS/342/2015, PGR/SEIDO/UEIDMS/021/2017, PGR/UEIORPIFAM/979/2017 y PGR/UEIORPIFAM/1009/2017.

En un principio, el 22 de febrero pasado, tras la presentación de la denuncia, el juez Vargas Alarcón había concedido la suspensión provisional, lo que dejó temporalmente a la PGR sin la posibilidad de consignar cualquier expediente contra Barreiro.

En ese entonces el impartidor de justicia les dio la razón, pero que la suspensión provisional aplicaba siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público y se mantendría vigente hasta que se resolviera la suspensión definitiva, lo cual ocurrió ayer por la mañana.

La PGR impugnó ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal la primera decisión del juez Vargas Alarcón de conceder la suspensión provisional, apelación que quedará sin materia ante la nueva resolución.

De hecho, el Juez Vargas Alarcón pidió que esta nueva resolución se haga del conocimiento del citado Tribunal Colegiado a quien corresponde conocer del recurso de queja interpuesto por el ministerio público federal.