Los próximos gobernadores que serán electos en los comicios del 1 de julio deberán sortear en sus estados una carga de deuda pública y compromisos financieros adquiridos por las actuales administraciones y en algunos casos desde periodos anteriores.
De los ocho estados en que habrá cambio de gobernador —con excepción de la Ciudad de México—, Morelos es el que mayor porcentaje aumentó su deuda en un 445.3% del principio de su administración de Graco Ramírez a la fecha, la cual asciende a los 8 mil 179 millones de pesos. Le sigue Chiapas, donde la administración de Manuel Velasco incrementó sus compromisos financieros en un 57.9%; en Jalisco con Aristóteles Sandoval la deuda aumentó 17.7%, y en Tabasco con Arturo Núñez creció un 8.3%.
En contraste, hubo gobernadores que bajaron la deuda, como el caso de Guanajuato, donde el gobierno de Miguel Márquez disminuyó 22.9%; en Puebla, en menos de un año, Antonio Gali informó que los compromisos financieros bajaron 11.4%, y en Yucatán, con el gobernador Rolando Zapata la deuda bajó un 5.8%.
En el caso de Veracruz, la deuda que dejó Javier Duarte al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares asciende a más de 48 mil millones de pesos —una de las más altas del país—. Con menos de un año en el cargo, el mandatario panista anunció la reestructuración bancaria de 38 mil millones de pesos, con lo cual se ahorrarán 2 mil millones de pesos anuales de intereses por un plazo de 23 años y disminuirán la tasa de interés interbancaria en dos puntos porcentuales.
Los que aumentaron
En Morelos, desde octubre de 2013, a inicios de su mandato, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu —surgido de la coalición PRD-PT-MC— obtuvo la autorización de la mayoría en el Congreso estatal para contratar su primera deuda por 4 mil 184 millones de pesos.
El gobernador asumió el cargo en octubre de 2012 con una deuda heredada de mil 500 millones de pesos, contraída en el sexenio del panista Marco Adame Castillo. Hasta el momento, la administración de Graco Ramírez lleva contratado 8 mil 179 millones de pesos, lo que representa un incremento de la deuda de 445.3%.
En Chiapas, el gobierno de Manuel Velasco Coello registra una deuda pública de 18 mil 520 millones 30 mil 806 pesos, de acuerdo con información de la Secretaría Estatal de Hacienda al corte de septiembre de 2017, 57.9% superior al monto en que la recibió.
La dependencia estatal precisa que el gobierno de Juan Sabines dejó una deuda al 31 de diciembre de 2012 de 11 mil 723 millones 676 mil 291 pesos.
En Jalisco, en marzo de 2012 al asumir el cargo como gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval recibió una deuda total de 17 mil 408 millones 922 mil pesos, de la cual 14 mil 494 millones 639 mil pesos corresponden a deuda directa (la que adquiere el gobierno con la banca comercial y la banca de desarrollo) y 2 mil 914 millones 283 pesos a la deuda indirecta (en la que funge como aval de la Universidad de Guadalajara, organismos públicos autónomos o descentralizados y los municipios).
En el último reporte de finanzas del gobierno estatal —correspondiente al tercer trimestre de 2017—, se establece que la deuda directa es de 17 mil 582 millones 80 mil 123 pesos, pero no se especifica la deuda indirecta, con lo que la deuda total estimada es de al menos 20 mil 496 millones de pesos, 17.7% superior al inicio de gestión.
En Tabasco, al cierre de 2017 el gobierno de Arturo Núñez Jiménez incrementó 8.3% su deuda pública, la cual se mantiene en 6 mil 811 millones 249 mil 019.05 pesos; de los cuales 4 mil 832 millones 125 mil pesos se le deben a la banca comercial y mil 919 millones 123 mil pesos a la Banca de Desarrollo.
De acuerdo con el reporte financiero de 2012, el priísta Andrés Granier Melo dejó endeudado al estado con un monto de 6 mil 287 millones 407 mil 862.40 pesos.
A su llegada, en 2013, Arturo Núñez solicitó a los diputados locales el permiso para adquirir un empréstito de hasta mil 30 millones de pesos para el refinanciamiento de la deuda adquirida con la banca comercial a largo plazo por la pasada administración.
Con el paso de los años, según el gobierno estatal, la deuda fue disminuyendo, pero en julio de 2015 el Congreso local le aprobó la contratación de un crédito de hasta por 626 millones 329 mil 857 pesos con Banobras, el cual sería utilizado para concluir obras del sistema judicial y poner en marcha el nuevo sistema de justicia penal.
Los que bajaron
El gobierno de Guanajuato cerró 2017 con una deuda pública estatal directa de 5 mil 035 millones 927 mil 560.90 pesos, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas estatal, en su boletín de Deuda Pública volumen VI número 10, referente al tercer trimestre de 2017, lo que representa una disminución de 22.9% de lo que se había contraído.
En septiembre de 2012, al tomar protesta del cargo el gobernador Miguel Márquez recibió las finanzas de Guanajuato con un adeudo de 6 mil 487 millones 593 mil 315.20 pesos, documentó el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en el reporte de la situación de la deuda pública estatal del segundo semestre de 2012.
En Puebla, la administración de Antonio Gali recibió al estado con una deuda pública de 23 mil 097 millones 769 mil 363 pesos, de acuerdo con el Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del Gobierno estatal, referente a diciembre de 2016. Para el tercer trimestre de 2017, se reportó un monto de 20 mil 458 millones de pesos, lo que representa una disminución de 11.4%.
En Yucatán, el saldo de la deuda pública es de 2 mil 125.41 millones de pesos hasta diciembre de 2017, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del estado publicado en el Diario Oficial del Ejecutivo estatal, lo que representa una disminución de 5.8% a la que dejó la anterior administración de Ivonne Ortega.
Según se asienta en la Cuenta Pública de 2013, el saldo dejado por el anterior gobierno fue de 2 mil 256 millones 237 mil pesos.
En refinanciamiento
En Veracruz, la deuda pública que dejó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa ascendía a 48 mil 183.5 millones de pesos con instituciones bancarias y 12 mil 500 millones de pesos con proveedores o pasivo circulante.
De ese gran total, el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares anunció a finales del año pasado una reestructura bancaria por 38 mil millones de pesos, con lo cual se ahorrarán 2 mil millones de pesos anuales de intereses, por un plazo de 23 años y se logró disminuir la tasa de interés interbancaria en dos puntos porcentuales, al pasar de 10.738% a 8.458% anualmente.
Fueron 13 entidades bancarias quienes ofrecieron el refinanciamiento hasta por 60 mil millones de pesos, pero el gobierno estatal sólo accedió a los 38 mil millones de pesos de la deuda que dejó Duarte.