Los binomios inseguridad-violencia, impunidad-corrupción, desigualdad-pobreza, han dejado saldos de dolor que no disminuyeron en este periodo, dice el presidente de la CNDH al presentar su informe 2017
Al hacer entrega del Informe de Actividades 2017, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguró que el balance del sexenio en esa materia no es favorable, pues no hay un cambio significativo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos y no se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestra estado democrático de derecho.
Indicó que México necesita más seguridad, pero no a cualquier costo.
Ante el presidente Enrique Peña Nieto insistió en que durante este sexenio “no se ha modificado positivamente el entorno que, cuando inició su mandato, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”.
Ello, dijo, ha dejado saldos de dolor e impunidad que no han disminuido durante este periodo.
Afirmó que el miedo y los alcances de la violencia generan desesperanza en la sociedad, distanciamiento de las instituciones y desconfianza en las autoridades.
Desde su perspectiva, “se requiere una institucionalidad fuerte, que recobre para sus habitantes la expectativa de un rumbo de paz, seguridad y desarrollo, que haga a un lado el miedo y la incertidumbre, que cada persona y el conjunto de la sociedad vuelvan a tomar el control y responsabilidad de nuestro futuro, hoy empañado por la violencia, la impunidad y la corrupción”.
El ombudsman subrayó que estamos a tiempo de definir y lograr el país y la sociedad que queremos para nuestro futuro.
En su informe de labores, además de aludir a los aspectos más relevantes de la actividad institucional de la CNDH durante el año pasado, mencionó que en atención y respuesta a las más de un millón 257 mil personas que desde 2012 han acudido al Organismo Nacional para solicitar su intervención o asesoría por considerarse agraviadas por algún abuso de poder, expondría unas reflexiones sobre lo que podría ser un balance general de la situación de los derechos humanos, durante los poco más de cinco años de la actual administración.
Tras mencionar que las repercusiones de ese entorno trascienden afectaciones económicas de los afectados que deben buscar por sí mismos la protección y garantías que las autoridades no les pueden brindar, señaló que el dolor y sufrimiento de miles de personas derivado de hechos de violencia, desaparición de personas, desplazamientos forzados y víctimas de algún delito “son saldos de dolor e impunidad que no han disminuido durante estos casi seis años”.
Dijo que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2012 hubo 21,459 carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que en 2017 la cifra fue de 25,340, la más alta en los últimos 20 años, y apuntó que sin seguridad jamás habrá vigencia real de los demás derechos fundamentales y, sin el respeto a los mismos las medidas de seguridad serán vistas como imposición autoritaria.
González Pérez recordó que en días pasados el mandatario mexicano señaló que sería ingenuo y negligente pretender que el Estado renunciara al uso de la fuerza, y señaló que eso es cierto, como también lo es suponer que sólo el uso de la fuerza, por legítimo que sea, debe ser la respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad.
Detalló que en 2017 las cinco autoridades federales con el mayor número de recomendaciones en trámite eran: Comisión Nacional de Seguridad, con 63; el IMSS, con 50; la Procuraduría General de la República, con 37; la Secretaría de la Defensa Nacional, con 18 y la SEP, con 16. De igual forma, los 5 gobiernos estatales con el mayor número de estos asuntos en trámite fueron los estados de Oaxaca, con 16; Guerrero, 15; Chiapas, 12; Tabasco, 11 y San Luis Potosí, nueve.
Destacó también el apoyo que la administración de Peña Nieto brindó para la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, y otros tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; así como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con lo cual nuestro país podrá dar pasos ciertos y concretos para la sanción, abatimiento y prevención de dichas prácticas, así como para la atención efectiva a las víctimas de las mismas.
El ombudsman nacional expresó su reconocimiento a las “acciones que se emprendieron desde el Ejecutivo Federal, en particular, con la destacada participación de las Fuerzas Armadas para la atención a desgracias naturales, como los sismos registrados en septiembre de 2017, los cuales motivaron la movilización conjunta de autoridades y sociedad, ante una tragedia que afectó a miles de mexicanos”.