EXCÉLSIOR: Ofrece giro en política interior

De llegar a la Secretaría de Gobernación, la ministra en retiro promete una dependencia transparente, bajo ejes como derechos humanos, migración y gobernabilidad

CIUDAD DE MÉXICO.

Si llega a ser la primera mujer al frente de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero cambiaría la dependencia, pondría fin al espionaje político y priorizaría las labores de inteligencia para fortalecer la gobernabilidad.

En entrevista con Excélsior, la ministra en retiro, candidata a una senaduría plurinominal por Morena, planteó reestructurar al Cisen en un Instituto de Investigación para la Seguridad Humana, más orientado al combate contra el crimen organizado.

Además, ofreció acabar con la imagen de una dependencia “cerrada, oscura, impenetrable. Aquí va a haber transparencia total y las puertas abiertas de la Segob van a estar siempre para todos”.

Los tres ejes fundamentales por los que conduciría la política interior del país serían los derechos humanos, migración y gobernabilidad.

Sánchez Cordero adelantó que, de prosperar el retiro de las pensiones a exfuncionarios y como a ella no le podrían quitar la de ministra por ser un tema constitucional, está dispuesta a donarla.

 

PERFILA NUEVA SEGOB

Olga Sánchez Cordero, potencial secretaria de Gobernación si Andrés Manuel López Obrador gana la Presidencia de la República, delineó los tres ejes por dónde conduciría la política interior del país: derechos humanos, migración y gobernabilidad (relaciones de gobierno).

En entrevista con Excélsior, la virtual senadora —es la número tres de la lista plurinominal de Morena— se pronunció por reestructurar el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en un instituto de investigación para la seguridad humana, y no desaparecerlo, “espionaje político no; inteligencia para la gobernabilidad, sí”, externó.

De llegar a Gobernación, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro se comprometió a acabar con una Segob “cerrada, oscura, impenetrable” y ofreció transparencia total y que “las puertas de la Segob van a estar abiertas siempre para todos”.

Desde hace años, López Obrador acuñó un calificativo para quienes vincula con hechos de corrupción: mafia del poder. Sánchez Cordero reveló cuál es el concepto real de quien sería su jefe y esa lucha contra la corrupción.

—¿Cuál será su papel para conciliar a Andrés Manuel López Obrador con quienes él llama la mafia del poder?

—Andrés, cuando me entrevisté con él y cuando me invitó a ser secretaria de Gobernación, sí me dijo que quería pasar a la historia como un Presidente democrático, que quería fortalecer la democracia, que tenía una idea muy clara de esto, pero me dijo que —me estoy adelantando, pero te lo voy a decir; adelantando a su propia manifestación que él quisiera hacer a los medios— me dijo algo: ‘así como (Benito) Juárez separó la Iglesia del Estado, así yo quiero separar el poder económico del poder político’. Y eso, esta unión, es lo que él llama la mafia del poder. Yo no le entendía. En realidad, cuando él habla de la mafia del poder, yo no sabía exactamente a qué se refería, entonces, él me dijo, ‘la mafia del poder para mí es, precisamente, que al amparo de la estructura política se ha hecho el poder económico; entonces lo que yo quiero es separar el poder económico del poder político y que el poder político sea el poder político y que el poder económico sea el poder económico’. Es interesante”.

—Y ahí, ¿qué papel jugaría usted?

—A ver, es la política. Creo que Andrés va a respetar, va a respetar, indiscutiblemente, y esto por lo del poder económico, a los empresarios, sin duda. Va a respetar todo lo que han sido las concesiones que se han dado en forma legal. Va a respetar los contratos de energía que han sido perfectamente establecidos; y hay algo bien importante, que han dejado benéficos para el país.

Porque todo mundo me dice: ¿cómo va a revisar tantos contratos? Te lo contesto: el artículo 134 constitucional es el marco para revisarlos. Además, la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ¿Por qué? Porque ahí se establece claramente que hay una obligación de la Secretaría de la Función Pública de revisar los contratos, los servicios prestados al Estado y todo cuanto tenga que ver con los recursos públicos.

Entonces, esta obligación de la Función Pública te da el marco normativo perfecto para revisar si los contratos fueron hechos conforme a la ley y, sobre todo, si estos contratos han sido de verdad, recalco, no lesivos para el Estado; incluso hay juicios de lesividad que puede promover el mismo Estado, en contratos, en convenios que no le sean beneficiosos al Estado y es un juicio de lesividad, que se llama así.

Entonces, marco normativo hay, quien no quiera verlo y no se quiera dar por enterado que se tiene un marco normativo para revisar lo revisable, realmente no conocen que esta estructura jurídica está perfectamente bien determinada”.

NEGOCIAR CON LA CNTE

Sánchez Cordero, que se convertiría en la primera mujer en ocupar el Palacio de Cobián y que en 1984 el regente Ramón Aguirre Velázquez la nombró la primera notaria pública del país, dijo que para ella la protesta social es algo que hay que respetar de forma irrestricta.

Siempre se ha pensado en esta ponderación de valores, en esta ponderación de derechos, entre, por decirte algo, la libre circulación y la protesta. Hasta qué grado la protesta impide la libre circulación de la gente, es un tema que tenemos que resolver, interesante, importante, no hay una normatividad, por ejemplo, eso lo vamos hacer cuanto antes, no hay una normatividad que establezca que los convenios con algún tipo de organizaciones sociales puedan estar por escrito, respaldarse en una normativa que te de la posibilidad de llegar acuerdos con algunas organizaciones sociales, y que estas sean vinculatorias, tanto para el gobierno como para las organizaciones”.

La ministra, que recibe a Excélsior en la oficina de su notaría pública en Las Lomas de Chapultepec, dijo: “Te pongo un ejemplo: la CNTE. Si se tuviera una normatividad, que yo espero que se tenga a la brevedad, una normatividad donde se establezcan convenios específicos para atender un tema de inconformidad social, bueno, se firma el convenio y ahí está la normativa que te respalda.

—En el caso de la CNTE, ese convenio tendría que ser darle marcha atrás a la Reforma Educativa, ¿no?

—El tema de Andrés Manuel no es que por ningún motivo no quiera ir a una sociedad del conocimiento, ni avanzar, sería algo que no está en su imaginario. Cómo no vamos a avanzar hacia la sociedad del conocimiento. Lo que él dice de la Reforma Educativa es que es una reforma laboral, más que una Reforma Educativa; para él, se restringieron derechos laborales ya adquiridos por los trabajadores.

—¿Esos convenios vinculantes, en este caso, la CNTE, que usted puso como ejemplo, sería que les devolvieran las canonjías y los privilegios de heredar y vender plazas?

—Tendríamos que sentarnos, y no nada más con la CNTE, a establecer las condiciones de un acuerdo. Pero fíjate qué diferente, tener un acuerdo, firmado, con una normatividad que te respalde a ti como secretario de Gobernación para realizar estos acuerdos.

—¿Cómo se imagina estos acuerdos jurídicamente?

—Jurídicamente se tendrían que discutir varios aspectos, muchos aspectos. Hay temas, por ejemplo, que no quiero adelantar, obviamente porque no sé cómo se venga la negociación con la CNTE, en un momento determinado, se va a tener que reunir, y no solamente con la CNTE, con muchas organizaciones sociales. De alguna manera establecer un marco normativo: qué tenemos ahorita vigente, qué podemos modificar dentro de las leyes secundarias también, porque hay una ley, obviamente, de educación, una Ley General de Educación. Mira, yo creo que Andrés lo ha dicho, lo tiene en su plataforma: no quiere demasiadas leyes, dice que si se cumple con las leyes que tenemos bastaría para tener un Estado de derecho. Pero habrá necesidad, claro, de expedir  nuevas leyes.

—Y usted, que viene del mundo de la justicia, ¿está de acuerdo con pocas leyes?

—Claro que estaría de acuerdo. Hay preceptos constitucionales que nunca se han reglamentado, hoy están reglamentando este artículo 134 para la publicidad gubernamental, por ejemplo.

CISEN, CON NUEVA ESTRUCTURA

Sobre el tema que López Obrador ha insistido, sobre la desaparición del Cisen, pues el candidato presidencial de Morena afirma que esa institución, dependiente de Gobernación, lo ha espiado durante 40 años, a la ministra Sánchez Cordero, de quien dependería este Centro que tuvo su origen en 1989, a parir de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), se le preguntó:

—¿Se imagina usted a Gobernación sin el Cisen?

—Mira, yo le estoy proponiendo a Andrés Manuel el instituto de investigación para la seguridad humana. Hoy el tema es la seguridad humana. Andrés no quiere tener un Cisen de espionaje político. O sea, el tema es: espionaje no, inteligencia sí.

     Él quiere que el sistema de inteligencia se vaya más bien a la Secretaría de Seguridad Pública —que no existe actualmente—, para el tema de la delincuencia, del crimen, del crimen organizado.

     Yo en realidad sí quisiera platicar con él sobre inteligencia de, por ejemplo, movimientos sociales, que no son necesariamente crimen, pero que ahí están latentes. ¿Necesitas la inteligencia en un Estado democrático? La respuesta es sí. Por la gobernabilidad.

     Creo que es importante para la gobernabilidad tener inteligencia de lo que está pasando en tu propio país. No hacer políticas públicas con un desconocimiento absoluto de lo que pasa. Pero obviamente no va a ser un espionaje político ni remotamente”.

—Pero, ¿dónde está la frontera entre la inteligencia y el espionaje, al conocer los movimientos de una organización social y del crimen organizado?

—Es muy diferente. Vamos a hablar del Ejército Zapatista. No se puede calificar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional como crimen organizado. Es un movimiento social. Tampoco al movimiento de Lucio Cabañas, en Guerrero; era movimiento social. No era un movimiento del crimen organizado, ahí están las líneas.

—¿Usted estaría interesada en saber lo que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional?

—Imagínate si no, para atenderlos, para atender los reclamos sociales. Porque atrás de estos movimientos, ¿sabes?, hay un gran tema de justicia social, y no de crimen, si tienes la inteligencia para la gobernabilidad del país.

—Pero ¿eso es espionaje o inteligencia?

—No, es inteligencia. Espionaje es, voy a ser muy burda: si el gobernador fulanito de tal o zutanito o el secretario tiene una novia o dos o tres novias; eso es verdaderamente absurdo, y tener abajo de la manga su vida personal para poder chantajear a alguien, eso está totalmente descartado, pero se hace. Inteligencia para la gobernabilidad del país es súper interesante.

EN PRO DE DERECHOS HUMANOS

Sobre los tres ejes principales que desarrollaría si llega a Gobernación, Sánchez Cordero dijo que para ella el primero, por cuestiones de su formación, será el tema de los derechos humanos. “El tema de los derechos humanos incluye el tema de las víctimas, pero también los derechos humanos de todas las personas en este país, de todas.

Creo que es un tema que, a pesar del discurso oficial, no es un tema que sea una realidad en el país. Si fuera una realidad en este país no tendríamos la ola de violencia de crímenes, de feminicidios, de desapariciones y también desapariciones forzadas, que son dos diferentes desapariciones; de secuestros, de derecho de piso, de crimen organizado, todo esto implica violación a la ley, falta al Estado de derecho, pero sobre todo implica violación a los derechos humanos, todo lo que te estoy diciendo. Y más”.

La potencial encargada de la política interior del país, que habría sido propuesta por Esteban Moctezuma, quien como secretario de Gobernación en 1995 se la propuso al presidente Ernesto Zedillo para ser magistrada, subrayó que “cuando digo que el eje central de la Secretaría de Gobernación van a ser los derechos humanos es que los derechos humanos en nuestra administración se van a tomar en serio, van a ser una realidad”.

Otro eje es la migración que, dijo Sánchez Cordero, es el más importante de la Secretaría de Gobernación.

La gobernabilidad del país, la relaciones de gobierno, no sólo con los Poderes de la Unión, es decir, el Congreso federal, que es muy interesante, importante e intensa, sino también con el Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, desde luego, con los gobernadores, con los congresos locales, con los tribunales superiores de justicia de los estados; y no sólo eso con los órganos constitucionales autónomos, la relación de gobernabilidad con ellos, el tema de la gobernabilidad que tiene, por supuesto, una gran cantidad de relaciones interinstitucionales de respeto, ojo, de respeto, a sus competencias, a sus facultades, a su autonomía, pero que al final del día es el Estado mexicano. Además de la coordinación del gabinete presidencial.

SU MOTIVACIÓN NO ES EL DINERO

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro adelantó que el plan de López Obrador sobre las pensiones de los expresidentes y de todas las pensiones de servidores públicos de primer nivel es que el Congreso haga una ley al respecto.

Sin embargo, afirmó que las pensiones de los integrantes del Poder Judicial no caerían en ese supuesto, porque las de ellos tienen nivel constitucional, no legal. Aunque dijo que, en caso de llegar al Palacio de Cobián, ponderaría si la pensión que recibe como ministra la entregaría en donación o bien sería su salario como funcionaria.

—Un punto que es parte del debate, las pensiones
de los expresidentes, ¿cuál es su opinión sobre el tema?

—Las pensiones de los expresidentes fueron a través de decretos presidenciales. Lo que está proponiendo Andrés Manuel es que sea el Congreso, que sea una ley, que se presente una iniciativa de ley, donde sea el Congreso el que la discuta, finalmente; no sólo las prestaciones y las jubilaciones o los haberes de retiro, sino que se discuta como ley tanto para los servidores públicos en activo, como también a los altos niveles de gobierno, como las pensiones de retiro; en fin, porque al final del día es un decreto, y lo que se pretende es que el Congreso de la Unión lo resuelva.

—¿Pero el decreto es ilegal?

—No, lo pudo haber hecho el Presidente, pero lo que quiere es que se haga una ley. Una ley que discuta el Congreso.

—Una ley donde eventualmente podría estar su pensión como ministra, ¿usted estaría dispuesta a que le redujeran su pensión?

—El tema aquí no lo he platicado con Andrés Manuel, pero aquí el asunto es que las pensiones de los ministros no son legales, son constitucionales; no están a nivel de ley, están a nivel de la Constitución.

—¿Entonces la suya  no se la pueden quitar?

—Es que está a nivel Constitución. La pensión de un ministro está a nivel Constitución, ¿por qué? Precisamente por la autonomía y la independencia de los ministros, magistrados y jueces; entonces ésta no está a nivel legal; ahora bien, si se va inclusive a promover una reforma constitucional para, digamos, establecer una normativa constitucional respecto de todo esto, pues se tendría que, en primer lugar, hacer una reforma constitucional. Porque ahí sí, el blindaje a los ministros y a los juzgadores es diferente.

     El tema aquí, y no lo he platicado con Andrés Manuel, el tema aquí es que lo llamamos, en el Poder Judicial, esto lo llamamos una garantía institucional. Son de las garantías institucionales, como la inamovilidad de los jueces y magistrados, como la carrera judicial, como los exámenes de oposición, como las pensiones, o sea todo esto conforma unas garantías institucionales para el desarrollo del Poder Judicial.

     Porque el Poder Judicial no está seis años. Un magistrado puede durar 25, 30, 35 años. Los magistrados se retiran a los 75 años, unos trabajan desde los 30, es una situación muy diferente a un secretario que va a trabajar seis años.

     Yo quiero dejar en claro que las circunstancias son totalmente distintas. Imagínate un juez, que entra de 30 años, que es la edad mínima para un juez de Distrito y que dura como juzgador hasta los 75 años de edad, con la responsabilidad de emitir sentencias diariamente; es un trabajo diferente”.

—Pero López Obrador también se pronunció sobre las pensiones tan abultadas de los magistrados, ¿no?

—Que no lo son. Yo después le dije, no son así, ojalá fueran.

     No son esas pensiones, pero sí son pensiones dignas, decorosas, por el trabajo que desarrollas durante 30 o 40 años.

—Si llega a ser secretaria de Gobernación o senadora, como lo será a partir del 1 de septiembre, ¿tiene que renunciar a su pensión?

—Yo lo manejaría como otro costal, pero ponderaría mucho la situación personal que pueda yo llegar a tener, sí lo ponderaría.

—¿Renunciaría a ella?

—A lo mejor donarla. O mi sueldo, no sé.

—¿Según quién le pague más?

—No es por lo que te paguen, es lo que representa. Créeme una cosa: yo no voy al gobierno por remuneraciones. Voy al gobierno porque es el último tramo profesional de mi vida y lo quiero entregar a este país. Ése es mi tema.