México

En tres años siete meses, la Procuraduría General de la República (PGR) ha gastado 75 millones 272 mil 43 pesos por investigar el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes permanecen desaparecidos desde 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados en la ciudad de Iguala por el grupo criminal Guerreros Unidos.

Esta es la inversión más grande realizada por la dependencia federal en este sexenio para indagar un asunto donde existe una presión internacional hacia México.

Como parte de la investigación, México aceptó la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y solicitó el apoyo de la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria. A todos estos organismos se les ha pagado.

Con la aprobación del GIEI, la PGR conformó un grupo colegiado de expertos en materia de fuego, en el que participaron el peruano José Luis Torero y la máxima autoridad en el tema, el estadunidense John DeHaan, para tratar de determinar si los estudiantes murieron en el basurero municipal de Cocula.

El 27 de enero de 2015, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, declaró que un grupo indeterminado de estudiantes había sido privado de la libertad y de la vida, incinerados en el tiradero municipal de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan, que se localiza en el citado municipio. “Esa es la verdad histórica”, enfatizó.

La declaración generó polémica y la molestia de los padres de los jóvenes desaparecidos, pero hasta hoy dicha hipótesis continúa vigente.

Como parte de estas pesquisas, la PGR aprobó que se realizaran sobrevuelos en comunidades aledañas a Iguala, Guerrero; en esos puntos se utilizó la tecnología denominada Sistema Lidar (Laser Imaging Detection and Ranging), para tratar de identificar si existen lugares donde pudieron llevarse a cabo inhumaciones clandestinas.

Casi 17 mil euros a Innsbruck

En respuesta a una petición de información, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la Unidad Especializada en Investigación de Secuestro, adscrita a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (Seido), y la Coordinación General de Servicios de Apoyo detallaron que de octubre de 2014 a septiembre de 2015 contaban con la siguiente información: “El gasto generado a la Universidad de Innsbruck asciende a 16 mil 830 euros, equivalente a 308 mil 236 pesos con 40 centavos.

De acuerdo con la indagatoria, el 29 de octubre de 2014, del río San Juan fueron sacadas bolsas de plástico que contenían cenizas y restos óseos que se presume son de los normalistas.

El 4 de diciembre de 2014 la Universidad de Innsbruck dio a conocer que uno de los 17 restos óseos hallados en el río, que le fueron entregados por la PGR para su análisis, corresponde al normalista Alexander Mora Venancio; tres días después, Innsbruck informó que eran “muy bajas” las posibilidades de conocer la identidad del resto de las víctimas.

Sin embargo, el 16 de septiembre de 2015, la entonces procuradora general de la República Arely Gómez González informó que la universidad austriaca identificó entre las víctimas del basurero del municipio de Cocula los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz y reconfirmó la muerte de Alexander Mora.

Viáticos

Por concepto de viáticos (hospedaje, alimentación, traslado) para las diligencias ministeriales, la PGR gastó un millón 307 mil 365 pesos en 2014 y un millón 905 mil 475 pesos en 2015.

Durante la gestión de Arely Gómez como titular de PGR se ordenó que el caso Iguala se remitiera a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

En virtud de lo anterior, la subprocuraduría, por conducto de su coordinación administrativa, informó que los recursos económicos erogados en esta indagatoria se desglosan de la siguiente manera:

Un millón 940 mil 873 pesos en 2015, 32 millones 283 mil 804 pesos en 2016, 31 millones 204 mil 321 pesos en 2017 y 6 millones 321 mil 967 en lo que va de 2018. En total, la subprocuraduría ha gastado 71 millones 750 mil 967 pesos.

Respecto a los recursos ejercidos bajo el esquema de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, la PGR subrayó que están clasificados como reservados por un periodo de cinco años, o bien, hasta que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación.

Respuesta a la ONU

Apenas en marzo, el gobierno mexicano manifestó estar preocupado por el informe que dio a conocer la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre presuntas violaciones a garantías individuales durante la investigación del caso de los normalistas.

“Preocupa de manera especial que el Informe de la Oacnudh arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial”, respondió la administración federal.