Los familiares de personas desaparecidas adheridos a organizaciones de la sociedad civil no reciben ningún tipo de financiamiento. De sus bolsillos salen los recursos necesarios para mantener acciones de búsqueda y de activismo social en varios puntos del territorio nacional. Hoy les tocó estar en la comunidad de Tetelcingo, al norte de Cuautla.
Beatriz Elena Flores Santoyo, integrante del Colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), arribó a Morelos desde el lunes pasado, cuando inició la diligencia de exhumación de los cuerpos enterrados en las fosas ilegales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Estima que sus gastos de pasaje, alimentos y hospedaje oscilan entre los 300 y 500 pesos diarios. Hasta ayer ya se había gastado más de mil pesos.
A esta cantidad agregó el costo del traslado desde su entidad natal, Coahuila, que osciló entre los 800 y mil 500 pesos, lo doble si se considera también el retorno desde Morelos.
Para mantener presencia en las fosas de Tetelcingo hasta que el último cuerpo sea exhumado, sometido a la toma de muestras genéticas y enterrado dignamente, la mayoría de los colectivos -incluido el Fundem- se organizaron por relevos de dos días.
De otra forma, coincidieron, sería imposible costear una estancia más larga en la entidad morelense. "Nuestro bolsillo no aguantaría", dijo la señora Beatriz, quien busca a su hijo desde el 23 de febrero de 2012, desaparecido con cuatro amigos más en Piedras Negras, Coahuila.
Los recursos económicos que las madres destinan para el activismo a favor del movimiento nacional por los desaparecidos, los obtienen de la venta de pan, artesanías y cualquier otro artículo elaborado por ellas mismas.
Otras que son el sostén económico de sus familias, pues sus desaparecidos eran esposos o hijos con el rol de proveedores, indicaron que permanecerán en Morelos el mayor tiempo que les sea posible.
"Esperamos estar todos los días de la diligencia, pero en los trabajos si no vas te corren. Vamos a procurar estar el mayor tiempo posible, pero esto dependerá de qué tantas trabas sigan poniendo y hasta cuando haya resultados", señaló María del Socorro González Vera, de Eslabones Nuevo León.
Las familias de personas desaparecidas que llegaron desde otras latitudes a las fosas de Morelos desde el lunes pasado, han sido apoyadas con alimentos por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) -solo durante su estancia en las fosas-; el resto de sus gastos de traslado y alojamiento son absorbidos por ellas.
La falta de recursos económicos y las pocas condiciones en el panteón de Tetelcingo las hicieron desistir de su intención de instalar un plantón en el perímetro de las fosas, donde han permanecido sólo el tiempo que dura la diligencia al día, alrededor de 10 horas.
Somos activistas, no criminales
Pero el costo del activismo social va más allá del impacto económico en el bolsillo. Los colectivos de víctimas, aglutinados en el denominado Movimiento Nacional por Nuestros Desparecidos en México, coincidieron en señalar que la lucha contra el aparato gubernamental e institucional los ha colocado en situación de riesgo.
"Reclamar por nuestros desaparecidos; dar voz a quienes no la tienen; señalar, denunciar, poner el dedo en la llaga y gritar públicamente lo que nadie se atreve a decir, es muy arriesgado en un país como el nuestro, en el que se criminaliza la protesta", sostuvo Valentina Peralta Puga, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos.
En su opinión, Morelos es de las entidades más peligrosas del país para el activismo social, lo que ha llevado a muchos a permanecer "un paso atrás" de las víctimas.
La también integrante del Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad, enfatizó que los casos más recientes de criminalización de la protesta en Morelos se registraron cuando la FGE denunció al rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez y al poeta Javier Sicilia, por haber traspasado el cerco de las fosas, el 17 de mayo pasado.